Pedro Laurentino Duarte y Marcelo Ortiz recibieron una pena de 11 años de prisión por no haber dado curso a habeas corpus y no haber investigado denuncias por secuestros de 23 personas en el terrorsmo de Estado.
El TOF, integrado por María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, los consideró partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad de 8 personas y autores del delito de omisión de promover la persecución penal en todos los casos. Al ex juez, además, lo encontró culpable de prevaricato por haber dictado resoluciones contrarias a la ley en los casos en los que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en hechos falsos.
Los jueces declararon por mayoría que los hechos “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, y sancionaron a ambos con la inhabilitación absoluta, a Duarte de manera perpetua y a Ortíz por 22 años (el dobre de la pena).
Remitieron también el fallo a la ANSES y al juez con competencia previsional para que analice el pedido de la fiscalía y las querellas, para que dejen de cobrar sus jubilaciones millonarias por su actuación judicial en dictadura y devuelvan lo que se les pagó como jubilación.
Duarte era miembro del Ejército cuando fue nombrado por la dictadura en el Juzgado Federal de Neuquén el 2 de agosto de 1976 y ocupó el cargo hasta el 30 de septiembre de 1984. Hasta días antes de su designación se había desempeñado como jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén con el grado de Mayor. Ortiz era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal el 23 de septiembre de 1976, cargo que ocupó hasta el 1 de abril de 1985.
Durante el debate, quedó probado que los ex funcionarios judiciales prestaron una colaboración indispensable al personal militar, de la policía local, federal y servicio penitenciario para la comisión de delitos y buscaron garantizar su impunidad.
El debate abordó los crímenes contra 23 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado y cuyos casos terminaron en el juzgado federal de Neuquén. Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, a la que había pertenecido Duarte. y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.
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