La Sala de Feria de la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmó el embargo e inmovilización de fondos de un hotel situado en Río Gallegos cuya propiedad es atribuida a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia, quien fue asesinado en julio del año pasado en su casa de El Calafate.

Los jueces rechazaron un planteo de Oscar Raúl Núñez, presidente de la sociedad Hotel Comercio S.A., quien advirtió que la medida dispuesta en el contexto de la investigación por presunto lavado de dinero “sometería a la firma a un estado de insolvencia y cesación de pagos, que la llevaría a la quiebra”. Según el planteo, el hotel es “una sociedad comercial generadora de fuentes genuina de trabajo en el marco socio-económico de una economía nacional en extinción, con porcentajes de hasta el 50% de desempleo”.

El fallo dio por acreditado que Gutiérrez había comprado Hotel Comercio S.A. a sus dueños originales “y pese a no figurar registralmente, habría introducido dinero ilícito mediante la ampliación de una estructura edilicia a la par de las mejoras realizadas para que se modernizara el establecimiento, ocultando su real calidad de titular, vinculándose exclusivamente mediante un contrato de management, el cual, además, le permitió justificar ingresos en concepto de honorarios”.

De la resolución se desprende que el Poder Judicial sospecha que Núñez era una suerte de testaferro del difunto Gutiérrez, por lo que el tribunal consideró que “las medidas decretadas conforman un entramado apropiado y eficaz para resguardar los intereses que se procuran tutelar en tanto implican un control apto sobre la actuación societaria a la vez que paralizan toda actividad que pueda erosionar su patrimonio”.

No obstante, el fallo le recomendó al juez Marcelo Martínez de Giorgi (quien reemplaza al fallecido Claudio Bonadio) que “extreme los recaudos necesarios a los efectos de evitar incurrir en riesgos capaces de atentar contra el funcionamiento de la empresa y afectar derechos de terceros no imputados en la causa”, y le ordenó que “disponga toda medida que tienda a evitar una posible situación de riesgo de la actividad empresarial con motivo de las cautelares impuestas”.

Según los jueces Bruglia y Bertuzzi, cuya permanencia en el cargo fue acotada por la propia Corte Suprema, la investigación gira en torno a “la compraventa de diversas propiedades inmuebles y bienes muebles registrables por parte de un círculo de personas vinculadas a Fabián Gutiérrez, dentro de la CABA y las Pcias. de Bs. As., Santa Cruz y Tierra del Fuego, con dinero procedente de la misma actividad recaudatoria ilícita ya descripta, entre los años 2008 y 2018”.

Esa actividad presuntamente ilícita es la que se desprende de la Causa Cuadernos, refrita el fallo. “El objeto procesal de estas actuaciones resultan aquellas maniobras de lavado de dinero que siguieron a los reiterados episodios de cohecho que fueron ventilados en el marco de la causa, en la cual se tuvo por acreditada la existencia de un circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional entre los años 2003 y 2015 que receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban en aras de asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa”.

“En la causa conexa ‘Muñoz, Héctor Daniel y otros s/ asociación ilícita’ – añade el fallo, al que tuvo acceso Tiempo- se investiga el derrotero de los fondos que, provenientes del sistema de recaudación ilegal, eran manejados por Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, el cual abarcó las distintas inversiones realizadas, tanto en el país como en el exterior, a través de una estructura de familiares y personas de confianza, incluidos algunos profesionales que le aportaron su expertise”.

“Con respecto al Hotel Comercio S.A., se acreditó que se utilizó dicha firma para lavar los activos de origen ilícito a los que tuvo acceso Fabián Gutiérrez y, este acto ilícito se logró concretar con la intervención del recurrente en nombre de la empresa, Oscar Raúl Núñez”, cuyo procesamiento como supuesto “coautor del delito de lavado de activos agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza” fue confirmado por la Cámara en julio de 2020.