La Cámara Federal porteña confirmó los sobreseimientos de los empresarios periodísticos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad en la venta de la empresa Papel Prensa por parte del Grupo
Graiver en los albores de la última dictadura. El fallo, firmado por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (el camarista Eduardo Freiler no votó pues está apartado de expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos) descartaron prácticamente de plano
que hubieran existido delitos de “lesa humanidad” en el traspaso accionario.

El primer voto, el del juez Ballestero, sostuvo en ese contexto: “No advierto la posibilidad siquiera de llevar adelante mayores medidas de prueba” adicionales a las ya realizadas para determinar si pudieron existir delitos que forzaran el traspaso. “Y esto no porque los hechos, desprendidos de un delito de lesa humanidad, no admitan ser investigados por el mero paso del tiempo, como adujera una de las defensas. En este mismo expediente tuve ocasión de rememorar mi posición sobre el tema, por la que encuentro innecesaria la acreditación de esa conexión para habilitar la exploración histórica de determinados episodios de nuestro pasado reciente”.

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El fallo reconoce que hubo irregularidades (cuanto menos) en el traspaso de Papel Prensa al conglomerado empresario que integraron los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Pero ello no está vinculado con los imputados ahora sobreseídos. “Entre las amenazas recibidas por los integrantes del grupo Graiver -cuya veracidad no es sometida a juicio-, la venta de las acciones de Papel Prensa y la privación de la libertad de la que luego fueron víctimas existe una innegable relación
causal”. En ese marco, el fallo reconoce que “ninguna de las personas que detentaba el poder de disposición de las acciones de Papel Prensa se hubiese desprendido de ellas –al menos en el tiempo y condiciones ocurridas- de no haber sido objeto de amenazas”.

Ballestero insistió: “Y, con una seguridad rayana en la certeza, me atrevo a afirmar que ninguna hubiese sido detenida meses más tarde de no culminarse a ese tiempo la transacción, mediante el pago de lo debido por parte de los compradores”.

Sin embargo, añadió el voto: “El verdadero enigma que exigía respuesta no estaba en la veracidad -tanto en sus presupuestos como en su cronología- de ese enunciado, sino en la pregunta acerca de a quiénes atribuir esas conductas y sus consecuencias. El problema no es causal; es netamente imputativo. La respuesta, no obstante, está también en el mismo expediente; pero, a diferencia de la pretensión de las recurrentes, ella no apunta hacia los adquirentes de la empresa”.

“Sí existió un hilo conductor entre las amenazas sufridas por los allegados de David Graiver tras su muerte y la venta de las empresas del grupo. Esa misma relación entre esos negocios y la detención ilegal que luego sufrieran. Sin embargo, también está acreditado que no fueron los adquirentes de Papel Prensa quienes contribuyeron a establecer esos nexos”.

En otras palabras, hubo presiones y amenazas para la transferencia de Papel Prensa, pero los que resultaron beneficiarios de esa transferencia no tuvieron nada que ver con ello, según desliza el fallo.

El fallo ratificatorio hace hincapié en otro detalle que no puede pasar inadvertido: la apelación del fiscal de primera instancia “ha sido expresamente desistido en esta instancia”. El fiscal que no mantuvo el recurso de apelación fue Germán Moldes, uno de los más acérrimos críticos de todas las iniciativas de reformas en la Justicia durante el gobierno anterior.