El Poder Ejecutivo marcará el paso de la agenda legislativa en 2020. A diferencia de los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri donde la decisión del oficialismo fue clausurar los debates en el Palacio Legislativo, ahora el Congreso tendrá protagonismo. La reforma de la Justicia, que pone en el centro del debate no sólo al fuero federal sino también a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y el proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo serán las iniciativas que ocuparán el centro de la escena durante casi todo el año parlamentario.

Ambos tendrán la impronta del Ejecutivo. En el caso de la reforma judicial la disciplina partidaria del oficialismo aportará los votos necesarios en el Senado, pero el texto necesitará el acuerdo de algún sector de la oposición para ser aprobado en Diputados.  En tanto, la ley que modificará le legislación argentina sobre el aborto, si bien también será impulsado por el oficialismo, nadie podrá garantizar la disciplina partidaria a la hora de votar.

Por eso, en este caso, donde las mayorías se construyen de manera transversal, la aprobación aparece como más probable en Diputados que en el Senado.

Más allá de los cálculos que se puedan hacer de antemano, lo cierto es que la decisión política del Poder Ejecutivo puesta de manifiesto en la letra de un proyecto propio podría terminar de inclinar la balanza para los pañuelos verdes.

En el corto plazo, y mientras Cambiemos trata de ordenar su interbloque, el oficialismo acelera los tiempos e impondrá su agenda. En ese marco, y antes de que el presidente Alberto Fernández vuelva al Congreso de la Nación para inaugurar el período de sesiones ordinarias,  el Frente de Todos avanzará con los temas que restan del temario de extraordinarias. Allí están al tope de la lista la Ley de Góndolas y la modificación de los regímenes especiales del sistema jubilatorio.

En paralelo, el próximo jueves, con la publicación en el Boletín Oficial esta semana de la nominación del juez federal Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, se activó el procedimiento parlamentario para evaluar sus antecedentes. De esta manera quedó abierta la instancia de consulta pública por un período de 15 días. Tras ese plazo, deberá enviarse el pliego al Senado.

Luego, según establece el reglamento de la Cámara Alta, el postulante deberá ser citado a una audiencia pública por parte de la Comisión de Acuerdos. Y para ser avalado en el recinto requerirá  los dos tercios de los votos de los presentes. El Frente de Todos deberá negociar con la oposición para conseguir la aprobación del pliego de Rafecas. El primer desafío real desde lo parlamentario que afrontará el bloque que conduce José Mayans en Cámara Alta.

Por otra parte, el oficialismo buscará aprobar antes de finales de este mes la ley de góndolas, que ya tiene media sanción de Diputados, también la nueva regulación para las jubilaciones de «privilegio», aunque en este caso el proyecto aún no llegó al Congreso.

Ahí no se agotará la tarea del Parlamento durante el 2020. La agenda pendiente que dejó 2019 también se impone. En ese universo el Presupuesto 2020 sobresale por su propio peso. Si bien no hay presiones en la Cámara Baja sobre la fecha en que se podría debatir la ley de leyes, los legisladores aventuran que marzo será el mes en el que se deberá dar el debate sobre la primera proyección económica realizada por el flamante gobierno.

Entre los pendientes también aparece la ley de alquileres y la creación del «Fondo Nacional de la Defensa» con el fin de reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje gradual del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto. Esta última iniciativa presentada por el exdiputado y actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, ya cuenta con el aval de Diputados y sólo le resta obtener la aprobación del Senado.

La Cámara Alta también está en deuda con la designación de la Defensora del Niño, Marisa Graham. Su nombramiento fue aprobado en Diputados el 26 de junio, pero el Senado «planchó» el pliego que cosechó el rechazo entre los legisladores antiabortistas por la posición de la candidata a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. «