El exministro de Planificación Julio De Vido sabe que, a menos que su salud empuje o la Cámara Federal de Casación se apiade, pasará una extensa temporada en prisión. Su figura se ha convertido hoy en un ícono de corrupción reciente, como lo fue la difunta María Julia Alsogaray o Víctor Alderete para el menemismo, o los senadores de la Banelco durante la Alianza, aunque todos resultaran absueltos.

Con ese cuadro inicial como referencia, y los humores instalados sobre su condición de «funcionario corrupto» –aunque ninguna condena pese en su contra aún–, su defensa en los múltiples procesos que tiene abiertos será, en términos políticos, inútil.

Sin embargo, en una de las causas por las que está detenido, De Vido sostiene que se tomó como base de una acusación un peritaje que es, cuanto menos, incorrecto. Se trata de la causa conocida como «los buques de gas», por la que el juez Claudio Bonadio lo procesó con prisión preventiva.

De Vido sostiene que se tomó como referencia para determinar que hubo un sobreprecio cercano a los 7000 millones de dólares un valor que no tiene que ver con las operaciones que realizó la Argentina para la importación de gas. Algo así como que se tomó el precio de la mandarina para determinar si se sobrefacturaron las importaciones de jugo de pomelo.

La explicación es muy técnica y compleja. El precio de referencia sobre el cual se detectó un sobreprecio es el de Estados Unidos. De Vido explicó en su defensa que «en 2009 se produjo un boom de producción de shale gas (gas no convencional) en los Estados Unidos, lo que le permitió autoabastecerse casi en su totalidad. Hasta ese entonces, este país era un importador de gas (de GNL por barco y principalmente de gas natural por gasoducto desde Canadá)». 

En los precios de importación de gas existe un indicador llamado «Henry Hub (HH)», que es el que deriva en el precio más bajo de todas las variables de importaciones. 

«Entonces, si el Henry Hub es un indicador de precio sólo para el mercado local de los Estados Unidos, y si este país recién empezó con sus exportaciones más significativas de GNL a partir del año 2016, aquel indicador no sirve para calcular o comparar precios de importación de GNL porque el HH es el precio de un gas comercializado por gasoducto, porque no existen gasoductos que conecten a aquel país con el nuestro y porque Estados Unidos, hasta el 2016, no tenía físicamente (por falta de infraestructura para licuefacción) la posibilidad de exportar el gas que comercializaba en Henry Hub como GNL. Por todo esto, comparar la importación de GNL por parte de Argentina con el precio local del gas por gasoducto de Estados Unidos, sería comparar dos productos distintos».

¿Qué debió tomarse como parámetro, según De Vido? La respuesta es Japón. «A partir de 2011 con el accidente de (la central nuclear de) Fukushima, Japón llevó a cero todas las centrales de generación eléctrica nuclear, para lo cual tuvo que reemplazar esa generación con combustibles alternativos, entre ellos el GNL. A partir de ese año Japón, adicionalmente a los contratos a largo plazo que tenía en vigencia, comienza a comprar en el mercado de corto plazo para importar el GNL de reemplazo de la generación nuclear para la generación eléctrica. Es decir que durante el período 2011 a 2015 Japón fue el principal demandante de GNL del mundo y el que determinaba el precio de compra a nivel mundial. A raíz de que Japón fue el que mayor precio de compra pagaba, cualquier otro país que saliera a comprar con Japón debía pagar como base lo que paga Japón o un precio superior al que pagaba Japón teniendo en cuenta las condiciones financieras o de riesgo país o las condiciones crediticias».

Si se tomara esa base, De Vido asegura que no habría sobreprecios. ¿Eso lo exculpa de todos los cargos? Probablemente no, porque toda la operatoria para el ingreso de los buques y el procedimiento posterior para llevarlo a las redes de distribución también fue señalado como maniobra delictiva por el juez Bonadio. 

Pero en tal caso, ya no podría hablarse de que «se afanaron 7000 millones de dólares».

De Vido sostiene que ese análisis fue omitido por el juez y aspira a que lo revise en profundidad la Cámara Federal. Pocas posibilidades tiene de que un tribunal revierta por cuestiones técnicas decisiones que tienen que ver con lo político más que con lo jurídico. «