El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prepara los últimos detalles de la segunda impugnación contra el Estado Nacional que presentará ante la Corte. Luego del amparo que radicó hace un mes contra el decreto que redujo en 2 puntos la coparticipación federal para la Ciudad, esta vez el recurso planteará la inconstitucionalidad de la ley que este jueves aprobó el Senado. La norma establece un monto fijo de 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses, por la transferencia de una parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.

La norma surgió de un proyecto presentado por el Ejecutivo en septiembre, luego del primer recorte aplicado por decreto para utilizar esos fondos para aumentar el salario de la policía bonaerense, cuyos efectivos protagonizaron una rebelión que llegó a las puertas de la residencia presidencial de Olivos. El Senado lo aprobó poco tiempo después, pero recién prosperó en Diputados hace dos semanas, en una ajustada votación de 129 votos que sólo fue posible a partir de los cambios impulsados por los cuatro escaños que responden a Schiaretti. Esas modificaciones permitieron que el proyecto no naufragara, pero implicó el regreso al Senado,  donde fue ratificado.

Todo ese derrotero será parte del recurso que diseñan en la Procuración General capitalina. Cuando Larreta presentó el amparo contra el DNU de Fernández, en la Corte dejaron trascender que se expedirían cuando el Congreso definiera el proyecto de ley posterior. Ahora que fue transformado en ley, Larreta incluirá este pedido para dejarlo sin efecto basado en la ausencia de documentación que respalde los cálculos del recorte. “El decreto y la ley son inconstitucionales. No hay un convenio sobre el monto. Ellos suponen que (el entonces presidente Mauricio) Macri le pasó a la Ciudad más de la cuenta, pero tampoco sabemos qué números manejan. Solo lo que dijeron en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, anticipó una fuente de diálogo directo con el alcalde porteño.

El argumento buscará sostener que los cálculos de reducción no fueron mostrados a la administración porteña. “Le dieron intervención a los diputados de Córdoba y no a los de la Capital para avanzar en una contrapropuesta que nosotros no acordamos”, acotó una fuente del bloque macristas. Y  confirmó que Larreta buscará castigar la intervención de Schiaretti en una negociación bilateral entre la Ciudad y la Nación.

Los legisladores de Córdoba Federal propusieron incluir una mesa de negociación de 60 días entre ambas partes en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos. Allí participan los ministros de hacienda de las 24 provincias. Larreta sostiene que es una instancia “ficticia” porque es controlada por funcionarios que responden a una mayoría de gobernadores peronistas. Ese punto también será parte del recurso de inconstitucionalidad, aunque sus redactores se muestran cautelosos sobre la respuesta del máximo tribunal.

El temor es que los cortesanos decidan una salida salomónica y ordenen la creación de una instancia de negociación entre las partes. También podrían retomar parte de su jurisprudencia y recordarle a la Nación que tiene la obligación de presentar un nuevo régimen de coparticipación federal para que sea aprobado por el Congreso, tal como lo define la Constitución. «