La Corte Suprema eligió el silencio como respuesta al desafío que le planteó el ministro de Justicia, Martín Soria, en la primera reunión que compartieron desde que asumió en la cartera, la semana pasada. El silencio, como sinónimo de ninguneo.

Para responder la arenga de Soria estuvo en la primera línea de fuego la Asociación de Magistrados. La Corte no suele recostarse en esa organización, que ciertamente representa a la corporación judicial. No obstante, la Asociación -con su recientemente reelecto presidente, Marcelo Gallo Tagle- asumió un rol al que está habituada, cual es el de responder golpe por golpe cada uno de los cuestionamientos que el gobierno le dirige al (mal) funcionamiento de la estructura judicial. 

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En los hechos, funge como un espejo, que rebota la crítica y la devuelve al Ejecutivo. En esa línea, esta vez más que otras, la Asociación de Magistrados está en sintonía con la Corte.

En dos años de gobierno, sólo en dos oportunidades los ministros de Justicia visitaron el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Una vez lo hizo Marcela Losardo, antes de su exilio dorado como embajadora ante la UNESCO, y ahora Soria. La característica esporádica de esas visitas se quedó allí. No se trató de romper el hielo para tender puentes de diálogo con los cuales establecer un ida y vuelta cuanto menos institucional.

En la Corte se quejan por la falta de interlocutores con el gobierno. No tienen con quién hablar, ni siquiera a quién anticiparle que saldrá un fallo adverso a las pretensiones del Ejecutivo, tanto así como para que –en un gesto de caballerosidad- permitirle que elabore una estrategia que amortigüe el impacto negativo.

La Corte tenía esos gestos incluso con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que detestaba y contra el que operó con poco disimulo para que perdiera las elecciones de 2015. El ejemplo más claro fue la Resolución 125 por las retenciones móviles a las exportaciones de soja. Hubo un mensaje advirtiendo que aquella medida no pasaba el control de constitucionalidad del alto tribunal y, entonces, surgió la iniciativa de hacerla pasar por el Congreso. Lo demás es historia conocida: el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos anotó un nuevo capítulo en la enciclopedia universal de las traiciones.

A Mauricio Macri también le avisaban. Si con el actual gobierno faltan interlocutores, con el de Cambiemos sobraban. Ello no significa que el diálogo fuera fluido; mucho menos que fuera neutral o inocente. Desde la Corte, cuanto menos, se hizo la vista gorda con la mesa judicial y el lawfare. Más aún: uno de los jueces de la Corte jugaba de local en Comodoro Py.

Mientras Soria exponía una por una las críticas del gobierno a la Corte y, por extensión, al resto del Poder Judicial, los cuatro jueces pusieron cara de circunstancia, escucharon en silencio y por dentro experimentaron una sensación de superioridad que, en términos vulgares, podría resumirse en una frase: “¿Qué le pasa a este?”.

La conclusión a la que llegaron como respuesta es una simplificación ramplona que les sirvió para dar vuelta la página y después de que se retirara Soria, celebrar un acuerdo ordinario como si nada hubiera pasado. Los jueces de la Corte creen que Soria no les hablaba a ellos, sino “para ella”. No hace falta aclarar quién es “ella”.

La nueva mayoría de poder de la Corte cree que es el propio gobierno el responsable de todas las situaciones que critica. Hay dos escenarios que son claves en ese sentido.

Soria se quejó de la Corte de cuatro miembros, todos varones. El artículo cuarto del Decreto 222/03 con el que el expresidente Néstor Kirchner transparentó el proceso de renovación de aquel tribunal de la mayoría automática menemista de los 90 determina que “una vez producida una vacante en la Corte, en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”.

Ese plazo está vencido. Y el gobierno aún no propuso a un candidato, ni mujer, ni hombre. La política de espejo devuelve, entonces, la crítica al lugar del que provino.

El otro escenario emblemático es el funcionamiento de la Justicia y su divorcio con las aspiraciones, angustias y necesidades del ciudadano común. La respuesta allí es más corporativa. “Si no tienen los votos en el Congreso para producir el cambio, entonces el problema no está en los tribunales sino en la propia falta de poder político”, reflexionan –con sus más y sus menos- los jueces del máximo tribunal.

Solo Ricardo Lorenzetti, quien hoy padece una soledad rayana en el vacío ante la troika que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, se sintió mínimamente interpretado cuando Soria cuestionó el autovoto para la elección de autoridades de la Corte. Pero fue solo eso; aun cuando omita cualquier reconocimiento (público o privado), en el fondo piensa más o menos igual que los otros tres respecto de cómo se maneja el gobierno.

En la interna de la Corte  (“¿Qué interna?, tres a uno no es interna”, señala con sarcasmo la nueva mayoría) suponen que el aislamiento terminará por sumar a Lorenzetti para una inquebrantable unidad de cuatro. Y que el problema, ahora y más adelante, lo tiene el gobierno. «