Al cierre de esta nota, la carta pública en rechazo a la designación de Antonio Aracre, ex CEO de la transnacional del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del presidente de la Nación Alberto Fernández había superado las diez mil firmas entre referentes del ambientalismo, los movimientos sociales y el mundo académico.

«Aracre es empleado histórico del agronegocio más retrógrado y voraz, ese mismo que se llena los bolsillos con millones de dólares gracias a la venta de transgénicos y agrotóxicos en todo el mundo; es parte del mismo modelo económico productivo que extranjeriza la tierra, que intoxica comunidades y pueblos con biocidas y envenena los alimentos que llevan a la mesa familiar mientras se dedica a operar contra de todas aquellas iniciativas sociales, comunitarias, políticas y leyes que intentan promover un paradigma agroalimentario alternativo, soberano, igualitario, basado en la producción de alimentos sanos y saludables», justifica Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la misma que puso a disposición su página web para convocar al repudio.

«Si bien el cargo de jefe de asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex CEO de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta? Desde la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas, como viene insistiendo el lobby del agronegocio, son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país», expresa en un tramo la carta.

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Colombo destaca que el nombramiento de Aracre, quien durante 36 años fue empleado de Syngenta, ocupando los últimos 12 el sillón de CEO Latinoamérica Sur, viola expresamente la Ley de Ética para el Ejercicio de la Función Pública, Ley 25.188 y la Convención de Naciones Unidades contra la Corrupción, ratificada por el Congreso a través de la Ley 26.907. «Tristemente nos recuerda a otro caso repudiable, como fue el del entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri».

Venenos.

Soledad Barruti es autora de los libros Malcomidos y Malaleche y directora de Bocado-Investigaciones Comestibles, una red latinoamericana de periodistas dedicada a temas vinculados a la alimentación y los territorios. Para ella, «esta política de puertas giratorias es altamente nociva para todas las causas que necesitan protección, para todas las personas que están trabajando y exigiendo políticas públicas de cuidado; vivimos en un país con pueblos fumigados, con niños con cáncer producto del agronegocio, somos uno de los diez países que más desforesta en el mundo, somos el primer país que incorporó el trigo transgénico en el que Syngenta también tiene intereses; somos todo eso en un contexto en donde todavía ni siquiera se había metido este funcionario en el Estado. Esta designación es como abrirle aún más las puertas».

Barruti afirma que «la figura de Aracre ha sido impuesta por Syngenta pagando espacios en un montón de programas con publicidad y notas pagas hasta conformarlo en esa figura que luego aparece en el Estado; hay una planificación y también, lamentablemente, una responsabilidad de muchos comunicadores que lo han tomado como si fuese una voz autorizada en un montón de cosas y no como lo que es: un empleado de una transnacional del área del marketing y los negocios».

Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, agrega que Syngenta «tiene prácticamente la mitad de la venta de los agrotóxicos en la Argentina», en referencia a la comercialización de la atrazina, el glifosato y el Paraquat (ver recuadro). «Los productos que venden –insiste– son mortales, producen mal formaciones, cáncer, son de terror».

Ávila recuerda una investigación reciente realizada por la ingeniera agrónoma del Conicet, Noelia Urseler, que detectó en los tambos de la zona de Villa María, en Córdoba, la presencia de Atrazina. «Aracre convirtió a Syngenta en la empresa principal de envenenamiento del agua y de la leche que toman nuestros niños y del aire de nuestro país. Que este señor sea ahora el asesor principal del gobierno no tiene nada que ver con los intereses de la salud colectiva de nuestro pueblo».

Ganancias millonarias, productos cancerígenos

Syngenta es la mayor fabricante de transgénicos y agrotóxicos del mundo: sus ventas, durante los primeros nueve meses de 2022, fueron de 25.900 millones de dólares, un aumento de 4900 millones, lo que representa un 24% más con respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas, lo que llevó a consolidar la sojización transgénica a este lado del continente.

Hoy, las ganancias de Syngenta en la Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. La atrazina es un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea; Paraquat es altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros; el glifosato, desde 2015, fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos y animales y genotóxico.