A cinco días del inicio oficial de la campaña para las PASO, el oficialismo y los distintos sectores de la oposición se preparan para el estallido de una controversia que puede agregar tensión a una puja electoral que, sea cual sea su resultado, resultará clave para la segunda etapa del gobierno de Mauricio Macri. La polémica se refiere a una sorpresiva decisión del Ministerio del Interior, encabezado por Rogelio Frigerio, que delegó en el Correo Argentino –empresa privada de control estatal, cuyo presidente es Jorge Irigoin, allegado histórico a la familia Macri- la tarea de llevar adelante el proceso licitatorio para seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo el escrutinio provisorio. Desde 1997 hasta las elecciones presidenciales de 2015, la elección de esa empresa se realizó siempre a través de una licitación pública convocada por el Poder Ejecutivo, tanto desde el Ministerio del Interior como –hace dos años- desde el Ministerio de Justicia. La excepción se concretó este año, al menos para la práctica que se impuso en los últimos 20.  

A principios de este mes, el Correo Argentino SA seleccionó a la multinacional española Indra para hacerse cargo del escrutinio provisorio. Lo hizo a través de un concurso de precios, procedimiento mucho más rápido que una licitación pública. Según la opaca información que trascendió sobre la operatoria, Indra presentó un precio menor al de su rival SmartMatic mientras que las otras dos posibles oferentes, MSA y Codetech, finalmente desistieron de participar. 

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Lo más llamativo es que la Cámara Nacional Electoral emitió el 27 de junio la acordada 49/2017, firmada por los camaristas Santiago Corcuera y Ricardo Dalla Vía, en la que “hicieron saber a la ciudadanía” que “pese a los reiterados requerimientos” de ese tribunal “el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Ejecutivo sin participación alguna de la justicia electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados, ni tampoco en la contratación de  prestadores de servicios a tales efectos”. Fue una evidente toma de distancia respecto de las decisiones adopotadas por Frigerio y por el Correo Argentino. La acordada de Corcuera y Dalla Vía también se encargó de desmentir una versión que había circulado tras un artículo publicado por el diario La Nación en el que se atribuía la decisión de no realizar una licitación pública desde el Ministerio del Interior y de dejar la selección de la prestataria del servicio de escrutinio provisorio en manos del Correo a una propuesta de la propia Cámara Electoral. Los jueces lo negaron. Ayer, ante una consulta de Tiempo, el propio Corcuera ratificó los términos de la acordada 49/17 y recordó que en enero la Cámara había suscripto una serie de acordadas en las que exigía la implementación de medidas adicionales con vista al escrutinio provisorio: también requería que el proceso de selección de la empresa a cargo del recuento provisorio quedara bajo la órbita de ese tribunal, no del Ejecutivo. “Nosotros, en enero, dictamos una acordada en la que propusimos un esquema alternativo, Lo que yo pienso está en la acordada”, subrayó Corcuera. 

Según pudo saber Tiempo, en la oposición a Cambiemos se está revisando con lupa todo el proceso que derivó en el apresurado concurso de precios ejecutado por el Correo Argentino y un nuevo triunfo de la española Indra. Incluso no se descarta que esta semana se produzcan presentaciones judiciales. Desde el Correo, fuentes especializadas en la organización de los comicios remarcan que la variación del proceso licitatorio y la delegación de competencias desde el Ministerio del Interior a la propia empresa postal no implica, de ningún modo, alteración alguna de la metodología utilizada para el conteo, la digitalización, la transmisión de los datos a través de scanners, y la difusión de los resultados parciales a la ciudadanía, que se realiza de modo aleatorio. La polémica recién está comenzando.  «