Con la venta de tierras de las Fuerzas Armadas, el Gobierno nacional intenta matar varios pájaros de un solo tiro: por un lado, cumple con una de las exigencias del FMI en materia de reducción de déficit, que incluye la venta de tierras del Estado. Por el otro, recauda millones de dólares que, en principio, irían a enfrentar ese mismo déficit, aunque la administración nacional de Cambiemos no menciona explícitamente cuál será el destino de esos fondos recaudados. En tercer lugar, al menos discursivamente, el gobierno encabezado por el Presidente Mauricio Macri se refugia en el argumento de la presunta necesidad de una “reconversión estratégica” de las FF AA para justificar la venta de inmueble militares como política de Estado, tal como analizara Tiempo el domingo pasado. Y en cuarto lugar, la gestión nacional encabezada por el Pro en alianza con la UCR y la Coalición Cívica pudo llevar a cabo esas ventas en línea con los argumentos que venía sosteniendo al menos desde principios del año pasado: que la mayor parte de esos terrenos estaban “subutilizados”, que presuntamente sufrían una depreciación de su valor, y que supuestamente se generaría empleo a través de desarrollos urbanístico en “cooperación con el sector privado”.

También podés leer: La letra chica de otro negocio inmobiliario

Previo a la circulación del documento que fija la nueva Directiva Política de Defensa Nacional, que establece que se deberá elevar al Poder Ejecutivo “un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional”, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) comenzó de hecho con la venta de inmuebles castrenses.

En este sentido, la AABE publicó el 3 de abril del año pasado el Decreto 225/2017, donde se establece una lista de al menos 39 inmuebles del Estado nacional para ser vendidos en diferentes puntos del país. Entre ellos, cinco terrenos de las FF AA en cotizadas ubicaciones de Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero.

Según argumentó el Gobierno en aquella ocasión, que “en los supuestos de inmuebles afectados al uso de alguna de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, se verifica la subutilización de los mismos considerando su ubicación y capacidad constructiva, resultando antieconómico mantenerlos con el destino actual, en función de su potencial inmobiliario y urbanístico”.

“Una racional administración de recursos conlleva invertir sobre aquellos inmuebles en uso, a fin de crear óptimas condiciones de trabajo para el personal que cumple funciones en los mismos, y una mejor prestación de los servicios para los que fueron afectados; y desprenderse de aquellos que no resultan de utilidad, previniendo una desvalorización mayor, consecuencia de su constante deterioro”, sostuvo la AABE en esa ocasión.

Algunos de los terrenos alcanzados por esta decisión gubernamental, en la Ciudad de Buenos Aires son la ex Sastrería Militar (Clay al 3000), en el barrio Las Cañitas, – ya subastado por 33 millones de dólares-, un terreno de 6.750 m2 situado en Huergo al 100, otro predio ubicado en Dorrego al 3000, más otro situado en Soldado de la Independencia al 500.

En Palermo, se subastará el predio de Avenida Bullrich al 300, donde actualmente funcionan Easy y Jumbo.

Por su parte en Puerto Madero también se incluyó en este decreto a otro predio ubicado en Avenida de los Italianos 365.