La masividad que tendrá la movilización de este lunes 17 de octubre en Plaza de Mayo se adivina en la cantidad de organizaciones políticas y sindicales que mostrarán su poder de convocatoria con una agenda de reclamos y reivindicaciones que, sostienen, ni el gobierno nacional ni el sindicalismo de «los gordos» están escuchando: la suma fija, la universalización de las asignaciones y un control de precios que evite que los aumentos terminen en las manos de los productores cartelizados de alimentos.
Las organizaciones convocantes van desde La Cámpora, los sindicatos que se nuclean bajo el paraguas combativo de la CGT, junto distintas seccionales díscolas, la Corriente Federal de los Trabajadores, la UOM, las dos CTA, el PJ bonaerense, el Frente Popular Darío Santillán y cámaras empresarias pymes. Redactaron un documento en el que se destacan nueve puntos: revalorizar el rol del Estado y la planificación en la economía, combatir la inflación, establecer como prioridad las políticas de aliento a la producción y generación de trabajo digno, rediseñar el sistema financiero, impulsar una reforma tributaria integral progresiva, establecer un estricto control estatal del comercio exterior, plena recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y puesta en marcha del canal de Magdalena, restauración de un Poder Judicial ecuánime y el derecho a la comunicación democrática.
De esta manera, el kirchnerismo se desdobla dentro del Frente de Todos para cumplir con el objetivo de que sea el peronismo quien se ponga al frente de las demandas de los trabajadores y los sectores populares. Y tratar de evitar así que las fuerzas no democráticas de derecha capitalicen el malestar social por la erosión de los ingresos.
La foto de este 17, con el kirchernismo en la plaza, la CGT de Héctor Daer y Carlos Acuña en un acto cerrado en Obras Sanitarias y el Movimiento Evita en La Matanza, da cuenta de que ya llegó la línea de largada para la disputa electoral. Mientras el Evita tratará de sostener las PASO para que sus dirigentes puedan competir en los distritos del conurbano, la CGT arma su propio sello electoral. La Corriente Político-Sindical Peronista se propone discutir «el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas».
Según sus voceros, la nueva corriente «no apunta contra las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, con cuyos dirigentes ya se conversó, por lo que se conformaría un funcionamiento conjunto». Las 62, en su momento, había funcionado como brazo político del sindicalismo peronista y negociaba la integración del movimiento obrero en las listas partidarias, una tradición que la CGT quiere retomar desde el nuevo espacio.
En este escenario el presidente Alberto Fernández no participará de ninguna de las tres actividades. El Evita y la parte mayoritaria de la CGT siempre habían funcionado como sostén político del presidente dentro de la interna, pero este 17 decidieron organizarse con lo propio.
Alberto empezó a mostrar esta semana su ambición de competir en unas todavía cuestionadas PASO. El jueves, en la asunción de las tres ministras que se jactó de elegir por su cuenta sin consultar al resto de la coalición, retomó el slogan de unidad de 2019 y de presentarse como su garante. La concurrencia al acto de distintos sectores sindicales y referentes kirchneristas, como Andrés “Cuervo” Larroque, lo envalentonó. Al día siguiente brindó un bravío discurso ante los empresarios en el foro de IDEA.
La plataforma electoral de Alberto quedó expuesta este viernes cuando les pidió reconocimiento a los empresarios por no haber usado la AFIP para perseguirlos o pedirles «coima» al contratar obra pública. Al igual que en la campaña de 2017, la apuesta proselitista del presidente es el contraste con las gestiones anteriores.
También le piden una diferenciación los sectores que marchan este lunes a Plaza de Mayo. “Siempre pierden los sectores populares, cuando gobierna la derecha y cuando gobernamos nosotros”, sintetizó Hugo Yasky en el Destape Radio, una forma de dar cuenta de que se está amalgamando un bloque dentro del peronismo que va a seguir presionando, sin romper. Y las críticas no sólo hacia el presidente; también caen sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, quien esta semana se opuso al congelamiento de precios al argumentar que “no hay que pisar la manguera”.
Yasky le respondió: «Hay que ponerle un freno a este desquicio que generan los grupos concentrados. No hacer nada tampoco es la solución».
En tanto, Massa y sus funcionarios, integrantes de la tercera pata de la alianza de gobierno, regresaron al país este sábado luego de su tercera gira por Estados Unidos. Fuentes del espacio aseguraron a Tiempo que Massa tampoco participará de ninguno de los actos conmemoratorios del nacimiento del peronismo. «Está con mucho trabajo como ministro de Economía. Cuando asumió planteó que no iba a hacer política los primeros meses», explicaron cerca del tigrense.
A las puertas de Casa Rosada no solo llegarán los reclamos reivindicativos del sector que no disfruta de los beneficios del crecimiento que exhibieron las curvas de las variables económicas que les mostró Fernández a los empresarios de IDEA. En la plaza también se insistirá con el avance de la investigación judicial del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, cuya ausencia está confirmada.
Cristina y Alberto hablaron por última vez al día siguiente del atentado. El mismo día en que el presidente no quiso participar del acto en el escenario. Luego, en su alocución de defensa en el juicio por vialidad, Cristina recordó el ataque al Senado, no repelido por las fuerzas federales, bajo mando político del Ejecutivo. El diálogo está interrumpido y la vicepresidenta no tiene decidido volver a aparecer de manera pública por ahora. «Es hora de que hable la calle”, respondió uno de los organizadores del acto en Plaza de Mayo para recordar el 77 aniversario del nacimiento del movimiento de masas más grande de América Latina, donde, revelaron, se tratará de volver a recuperar «aquella rebeldía y la insurrección de los trabajadores».
Consejo de la Magistratura
Jueces y abogados de todo el país elegirán el próximo martes a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, en la primera renovación luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la ley que regula la integración y el funcionamiento del organismo en diciembre pasado.
Unos 2700 jueces del fuero federal y nacional y unos 160.000 abogados de todo el país estarán en condiciones de elegir cuatro representantes en un escenario muy permeado por la política nacional.
De hecho, tanto en el estamento de jueces como de abogados, se presentan tres listas definidas por su distancia o cercanía con el oficialismo y la oposición.
