Organismos de derechos humanos querellantes en juicios por crímenes de lesa humanidad de La Plata presentaron un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, que se reune esta mañana para resolver si otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz, en el que advierten a los jueces sobre las irregularidades de un informe médico del Servicio Penitenciario Federal. Piden a los jueces que eviten que el examen, realizado en el inicio de la huelga de hambre que lleva a cabo el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López, los lleve a “emitir una resolución viciada de nulidad”. 

El escrito lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, la LADH, APDH, Unión por los DDHH, Justicia Ya, y otros, y está dirigido a “hace saber” a los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Agustín Lemos Arias de las inconsistencias del informe médico del SPF, dependiente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. 

En ese examen los médicos de la cárcel escribieron que Etchecolatz inició una huelga de hambre con 73 kilos, cinco más de los 67 kilos que pesaba en un estudio médico realizado antes de iniciar la huelga de hambre. 

“Ante la posibilidad de que los médicos penitenciarios, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hayan falseado los datos del peso inicial en la huelga de hambre para alterar la base fáctica sobre la que deben decidir, venimos a informarlo para que justamente tomen las medidas correspondientes y se prevengan de emitir una resolución viciada de nulidad”, escribieron los abogados. 

El escrito fue presentado cuando los jueces del TOF1 se reunían para decidir el pedido de prisión domiciliaria en tres causas que esperan para llegar a juicio y que ventilarán su responsabilidad como responsable de los centros de tortura y exterminio Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y Brigada de San Justo. De todas formas, si los magistrados conceden el beneficio, la medida no sería automática, puesto que el viernes 12 de agosto, el juez de primera instancia, Ernesto Kreplac, le negó la domiciliaria.