Los defensores de Graciela López, presa política en la provincia de Jujuy, denunció un agravamiento del hostigamiento hacia la excooperativista, que el jueves pasado fue aislada y separada de sus compañeras luego de que denunciara denunciado tratos crueles e inhumanos. Por esos hechos, presentaron un habeas corpus acompañados por organismos de Derechos Humanos, mientras que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó una presentación al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por esos hechos.

La nota que ingresó este martes en el Tribunal Nª3 de Jujuy, el que condenó a López junto a Milagro Sala y otros cooperativistas en la causa Pibes Villeros, y lleva las firmas de los abogados Paula Álvarez Carrera y Ariel Ruarte. El pedido lo acompañaron Inés Peña, de Madres y Familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy;  Elena Chaves, de Andhes;  el diputado provincial Juan Manuel Esquivel; Luis Urtubey de la Junta Promotora de APDH de Jujuy y Santiago Amud, de la Juventud de la Tupac Amaru.    

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Los hechos comenzaron el jueves cuando Graciela López fue confinada en aislamiento por tres días al interceder a favor de una presa a la que estaban golpeando. Ese mismo día le suspendieron las comunicaciones telefónicas, sanción que se extendió al día siguiente a todas las presas políticas: Gladys Díaz, Mirta Aizama, Patricia “Pachila” Cabana, Mirta “Shakira” Guerrero y Adriana Condorí.

López había denunciado dos días antes tratos crueles e inhumanos en un hábeas corpus. Pero el jueves, en coincidencia con el cambio de la directora del penal, se recrudeció: la ex cooperativista fue aislada en su celda en la que solo le dejaron un colchón, y le impidieron tener contacto con otras presas. Esa sanción duró tres días.  

En la noche del lunes, pasadas esas 72 horas, la cambiaron de pabellón: lo hicieron entre diez guardias, le ataron las manos con la sábana y envuelta en su colchón la arrastraron 35 metros. “Hicieron un traslado general, un operativo que no solo afectó a ella (Graciela López) sino que fue para todas las detenidas, que fue durante la noche y se extendió hasta la 1 de la madrugada. Había gritos, situaciones de pánico. La única explicación que encontramos es que fue para generar terror”, contó Estela Díaz, Secretaria de Género de la CTA y coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala.

En ese camino, Díaz exigió la prisión domiciliaria para López y apuntó: “hacemos responsable al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por la vida y la salud psíquica y física de Graciela y las presas políticas en el Penal de Alto Comedero”.

En el hábeas corpus, los abogados pidieron el cese de los hostigamientos y reclamaron que cualquier agravante de las condiciones de detención sean decididas por un juez y no por la dirección del penal. “La celda de castigo o de aislamiento está prohibida, con un hábeas corpus en favor de Milagro se logró desarmar la del penal. Lo que están aplicando es inconstitucional”, explicó el abogado Ariel Ruarte.   

En paralelo, la APDH recurrió al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para que intervenga y se traslade a la provincia para hacer cesar el hostigamiento. Estimaban que el organismo se trasladaría a Jujuy en los próximos días. En octubre ese organismo elaboró un informe confirmando la denuncia por violación a los derechos humanos en Jujuy.