Con el cambio de gobierno en diciembre último, las decisiones judiciales relativas a los casos de crímenes de lesa humanidad han tomado un giro conservador. Desde la asunción de Mauricio Macri a la fecha, se otorgó la prisión domiciliaria a 50 represores. El ministro de Defensa Julio Martínez habilitó a que los detenidos por este tipo de delitos puedan ser atendidos en hospitales militares, lo cual había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi. Ahora, Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron el martes su preocupación ante los retrasos por los inicios de los juicios de lesa humanidad, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

“Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad. Hace nueve meses y después de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas”, expresaron Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

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Según indicaron en un comunicado, el Tribunal Oral Federal (TOF) “extraoficialmente dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse”.

“Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles”, agregaron.

“Hemos planteado, así como varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades que las audiencias son insuficientes”, indicaron a Télam.

En ese contexto expresaron que “eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados y un avance del burocratismo judicial”.

De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta marzo de este año había 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. Hay 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad acusados: 1.200 de ellos libres, 1.132 detenidos y 49 prófugos.