Autoridades provinciales en materia de Derechos Humanos –ministros o secretarios- denunciaron ayer la existencia de una campaña de desacreditación contra los jueces que impulsan el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.

Según esos funcionarios, la estrategia de “persecución y amedrentamiento” también busca disciplinar a los magistrados que dictan medidas cautelares para suspender la suba de tarifas.

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“Repudiamos enérgicamente la persecución judicial y el permanente amedrentamiento mediático que sufren los jueces Daniel Rafecas, Carlos Rozanski, Martina Forns y Miguel Vaca Narvaja”, se pronunciaron los responsables de Derechos Humanos de las provincias de Misiones, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz y Catamarca.

Se trata de un grupo de funcionarios provinciales que suelen asistir a las reuniones periódicas del Consejo Federal de Derechos Humanos: sus nombres son Lilia Marien Marchesini (Misiones), Juan Carlos Goya (Chaco), Hugo Figueroa (Santiago del Estero), Erika Brunoto (Tucumán), Matías Germano (Entre Ríos), Horacio Pietragalla (Santa Cruz) y Hernán Velardez (Catamarca).

“Defender las condenas en los juicios de lesa humanidad contra represores, el avance de las causas de responsabilidad civil con la última dictadura militar, como también emitir fallos que defienden los intereses de gran parte de la sociedad argentina, son motivos para destacar ante una Poder Judicial que mira y no ve”, advirtieron los firmantes. Todos integran gobiernos provinciales de signo opositor.

“Estas estrategias de desacreditación hacia jueces incuestionables desde su labor jurídica y comprometidos con la justicia, los intereses del pueblo y la defensa de los Derechos Humanos ponen en evidencia la necesidad política que tiene el gobierno nacional de adoctrinar y destruir todas las conquistas logradas en los últimos años”, agregaron los responsables de DDHH, entre los que hay ministros, secretarios y directores.

En diálogo con Tiempo, Pietragalla –uno de los impulsores del pronunciamiento- advirtió que jueces como Forns, Rozanski, Vaca Narvaja y Rafecas “están siendo hostigados y perseguidos” con el objeto de disciplinarlos a ellos y generar miedo sobre muchos otros magistrados.

“Creo que la corporación judicial no tolera que haya jueces que puedan tener un pensamiento diferente al del statu-quo establecido. Está claro que hoy, tras los fallos sobre las tarifas de servicios públicos, existe una persecución clara con la jueza Martina Forns. Ahora afecta a Vaca Narvaja, que llegó a ser juez federal porque lo aprobó el Consejo de la Magistratura”, advirtió el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz.

“Está claro que los medios hegemónicos y la corporación están intentando una estigmatización. Los fallos que suspenden temporariamente la aplicación de la suba de tarifas –las medidas cautelares- generan aprobación en la mayor parte de la sociedad. Sin embargo, en los medios hegemónicos automáticamente reaccionan con persecución, estigmatización, cuestionamientos por la vida familiar o por las formas”, completó Pietragalla.

Jueza federal de San Martín, Forns fue la primera magistrada que suspendió la suba de tarifas en la electricidad a partir de un amparo presentado por una entidad sin fines de lucro: el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.

Titular del Tribunal Oral 1 de La Plata, Rozanski denunció ser víctima de una persecución por parte de los representantes del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. “Cuando se empezó a avanzar en las complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, comenzaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otros sectores de la población”, aseguró.

A cargo del juzgado federal nº 3 de Córdoba, Vaca Narvaja dictó una cautelar que suspendió por 3 meses la suba del gas para las PYMES en todo el país. El Estado nacional ya apeló, por lo que volvió a quedar en pie la escala tarifaria actualizada por el Enargas.

Titular del juzgado federal nº 3 pero de Capital Federal, Rafecas desestimó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta (decisión luego ratificada por la Sala I de la Camára Federal).

Tras aquella decisión, Rafecas fue objeto de una inédita solicitada en su contra, firmada por empresarios, periodistas, miembros del Ministerio Público, en la que pedían públicamente su remoción.