Con la finalización de la vigencia del decreto 61/21 que prohíbe los desalojos y la decisión de no renovarlo, el Gobierno se enfrenta a la clausura de una de las emergencias más delicadas que declaró en 2020, luego del inicio de la pandemia. Si no hay cambios en los próximos días, a partir del primero de abril concluirá el congelamiento de los alquileres. No habrá impedimentos para los desalojos que se tramitan en la justicia penal y en la civil. En ambos fueros, como ya anticipó Tiempo el año pasado, existe una gran cantidad de expedientes que aguardan el fin del decreto para ejecutar las órdenes ya redactadas por los magistrados. El escenario genera incertidumbre en el oficialismo, entusiasmo en el mundo inmobiliario y una expectativa de último momento en el Gobierno.

La Casa Rosada sostiene que la decisión de no renovarlo está tomada. Sin embargo, dentro del Ejecutivo hay desazón ante las consencuencias sociales y políticas de una ola de desalojos en medio del nuevo pico de contagios de coronavirus. Distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por Tiempo no descartan un “giro repentino” para mantener el freno a los desahucios, pero con algunos cambios al texto que vence el próximo miércoles 31 de marzo, antes de Semana Santa.

“Puede pasar como ha sucedido con otras medidas, que cambiaron a último momento a pedido de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández)” apuntó un alto funcionario luego de admitir que en el Ejecutivo no hay un diagnóstico certero y actualizado sobre el impacto que puede generar la combinación de dos factores muy delicados. El primero es el aumento repentino de los alquileres formales e informales, en medio de un trimestre que superó todas las estimaciones inflacionarias. El segundo es la ejecución de los desalojos frenados que tramita la justicia, pero como la cara visible de un proceso silencioso que se acentuó desde el año pasado. El peor temor es que se disparen ante la cantidad de inquilinas e inquilinos informales que no pueden pagar los nuevos montos, junto a las deudas contraídas, y sean obligados a dejar sus lugares sin mediación alguna. Y despojados de cualquier defensa jurídica que les permita afrontar ese momento crítico.

El mosaico se completa con un número indeterminado de propietarios que buscarían recuperar parte de lo que no ganaron el año pasado. Nuevos aumentos en medio del nuevo marco regulatorio definido por la Ley de Alquileres, que los obliga a registrar los contratos en la AFIP con una duración mínima de tres años. No están solos en la búsqueda de sortear la aplicación de la nueva legislación. El mercado inmobiliario lleva adelante una feroz campaña contra la norma, impulsa en Diputados un intento para derogarla con la firma de legisladores del PRO. También desarrollan un fuerte lobby en los tres poderes del Estado, pero especialmente en el Ejecutivo. 

Los voceros del real estate y de las inmobiliarias no ofrecen ninguna otra alternativa que el cumplimiento de los contratos y la disminución de las regulaciones. Esta semana el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI) reiteró su pedido al Gobierno de que no renueve el decreto. Propuso la creación de una ‘tarjeta AlquilAR’ para que el Estado asista a los inquilinos “de la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas, como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”.

Casi al mismo tiempo, un grupo de organismos de Derechos Humanos y dirigentes políticos le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Alberto Ferraresi, para que extienda el decreto y elabore “un plan de desendeudamiento”. El documento lleva la firma del premio nobel y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, organizaciones como el CELS, la Federación de Inquilinos Nacional y dirigentes sociales como Juan Grabois (UTEP) o sindicales, como Daniel Yofra, del sindicato de Aceiteros.

Ante las críticas, Ferraresi oficializó este viernes la creación de un “protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales”. Estará en manos del secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini. En los papeles deberá reunir al Ministerio de Justicia, organismos nacionales y provinciales para tener un panorama certero sobre mediaciones y “sentencias judiciales de desalojo”.

La construcción de ese mapa es un antiguo reclamo y es necesario ante la dimensión de la crisis habitacional que agigantó la pandemia. Pero aportará una fotografía tardía. Ninguna fuente oficial pudo precisar cuáles son los planes de acción a partir del 1° de abril. Ferraresi está al frente de la cartera de Hábitat desde noviembre del año pasado, cuando dejó la intendencia de Avellaneda, distrito del sur bonaerense con una política de vivienda reconocida por sus pares. Llegó al cargo para reemplazar a María Eugenia Bielsa, cuestionada por la subejecución del presupuesto y las demoras en el desarrollo de los planes habitacionales. Juró con el respaldo de la vicepresidenta y por esa razón las incógnitas son mayores respecto a un eventual cambio de decisión de último momento.

Los voceros de la cartera habitacional no contestaron a las consultas de este diario. Sus técnicos ya explicaron que la situación será contenida por la vigencia de la nueva ley de alquileres y no ofrecen precisiones sobre la situación informal. Quienes lo conocen aseguran que el tema no le pasa inadvertido y que se expresará con sus actos de gestión. Otra fuente oficial sostuvo que la decisión no depende del funcionario. “Un decreto de este tipo lo decide y lo firma el presidente, los otros vienen después”, se atajó.

La ausencia de un mensaje claro para canalizar tal incertidumbre contrasta con la decisión del oficialismo de multiplicar “alivios económicos” para las clases medias urbanas. En la Cámara de Diputados, el oficialismo está empeñado en obtener la aprobación de cambios al Impuesto a las Ganancias para aplicar paliativos en el bolsillo del mundo asalariado que cobra hasta 150.000 pesos. Sin embargo, no hubo mención alguna sobre la problemática de los alquileres en vísperas del fin de una desregulación que impacta duramente en ese mismo sector, con consecuencias aún peores en los trabajadores y trabajadoras de la economía informal.  «