El Consejo de la Magistratura desestimó un pedido de juicio político de la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña contra el juez federal Sebastián Casanello por supuesta lentitud y “parcialidad” en el tratamiento de la causa contra el empresario de la construcción Lázaro Báez.

El organismo encargado de juzgar la conducta de los magistrados aprobó la Resolución 499/2019, mediante la cual, con la firma de su presidente, Ricardo Recondo, invocó un artículo del reglamento que establece que el plazo máximo de tramitación de un expediente para mandar a juicio político o desestimar la denuncia es de tres años. Si transcurriere ese lapso sin definición –en uno u otro sentido-, la causa se archivará inexorable y definitivamente.

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“Toda vez que la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones fue presentada el 31 de mayo del año 2016, ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido. En consecuencia, corresponde el archivo del expediente”.

Desde aquel 31 de mayo hasta la resolución del Consejo (que, en los hechos, ratifica la permanencia en el cargo del juez Casanello) sólo pasó el tiempo. Nada más.

Ocaña presentó la denuncia ante el Consejo y obtuvo una impactante repercusión mediática.  Habló de “excesiva demora” y “parcialidad” por parte de Casanello en la Causa Báez. Lázaro Báez hoy está en juicio oral y público con otros imputados.  Ocaña invocó como fuente de su denuncia, entre otros elementos, un artículo del  periodista Carlos Pagni, de La Nación, quien mencionó una supuesta reunión que el juez habría mantenido con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Olivos, cuando aún estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Esa afirmación se reveló falsa. Casanello fue sobreseído y sus denunciantes terminaron procesados por falso testimonio.

El 23 de agosto de 2016 Casanello respondió por escrito a la acusación de Ocaña ante el Consejo. En rigor, contragolpeó. Al referirse a la denuncia de la legisladora oficialista, sostuvo que “sus pocas carillas no son más que una parcial y defectuosa reproducción del escrito de recusación presentado por una de las defensas”. La alusión apuntaba a Leandro Báez, quien pocos días antes de la denuncia de Ocaña había impulsado su apartamiento de la causa. “Tampoco la licenciada Ocaña ofreció prueba que guiase o fortaleciese de algún modo su pretensión, lo que sin duda dificulta mi defensa pues invierte la carga y me obliga a llenar sus vacíos. (…) Tan pésima factura no se corresponde con la gravedad de lo que reclama”.

Aunque Ocaña aparecía en las antípodas de la familia Báez, la extraña situación generada a partir del pedido de juicio político parecía mostrar lo contrario. Casanello lo sintetizó así: “Inmediatamente, de la mano de ese intento del hijo de Lázaro Báez por apartarme de la causa, la legisladora anunció públicamente que me iba a denunciar ante el Consejo de la Magistratura. (…) Lo manifestado por Ocaña lo hace sin conocer el expediente. Ocaña dice que las manifestaciones de Báez son completamente verosímiles. Si bien la legisladora no nos explica cómo ha tenido acceso al planteo de la defensa, lo importante es que transcribe partes de esa recusación”.

Después de la presentación de su escrito de descargo, Casanello nunca más volvió a ser convocado por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. El expediente languideció a lo largo de tres años, en los que pasaron tres presidentes: la abogada Adriana Donato, quien ya terminó su mandato; el senador Miguel Ángel Pichetto, quien renunció como consejero cuando fue ungido candidato a vicepresidente por el oficialismo, y el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, quien es vicepresidente pero ante la acefalía pasó a ocupar virtualmente la presidencia. En el último plenario, aquella denuncia que insinuaba que Casanello tenía los días contados como juez fue cerrada definitivamente.