El gobierno bonaerense entró en virtual default tras haber incumplido un pago de 110 millones de dólares. De todas maneras desde La Plata ratificaron la continuidad de la negociación con los acreedores por dos semanas, hasta el martes 26 de este mes, y apuestan a finalizarla con éxito para evitar cualquier consecuencia judicial.

“La Provincia permanece plenamente comprometida con el logro de un proceso ordenado y de buena fe”, fue la posición oficial fijada por el ministerio de Hacienda y Finanzas. “Una deuda insostenible como la actual implica menores recursos inmediatos destinados a educación, salud, infraestructura y otras políticas de reducción de la pobreza y contención de los efectos de la actual crisis desatada por la pandemia del Covid-19”, agrega el comunicado redactado en La Plata.

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La decisión de no pagar puso a las autoridades en una situación más compleja. El vencimiento de intereses y capital de los bonos BPMD y BPME (uno en dólares y otro en euros) fue el 1 de mayo. Desde entonces empezaron a correr los 10 días de gracia, que vencieron el lunes. Cualquier tenedor de esos títulos estaría en condiciones de acudir a la justicia de Estados Unidos (ambos fueron emitidos bajo la ley de ese país) y accionar legalmente.

Sin embargo, en el entorno de Axel Kicillof confían en que eso no sucederá. Por el contrario insisten en dejar en claro que buscan un acuerdo “que respete la capacidad de pago que tiene la Provincia”. La oferta formulada por las autoridades provinciales abarca bonos en moneda extranjera por 7.148 millones de dólares. Se ofrece canjearlos por nuevos títulos que implicarían una reducción de 55% en los intereses, 7% en el capital y un período de gracia de tres años. Los papeles cuyos servicios no se pagaron a principio de mes integran este grupo.

La situación tiene muchos puntos de contacto con la que vive la Nación, que realizó una propuesta muy parecida a sus acreedores de títulos bajo ley extranjera. El propio Kicillof reveló que mantiene un contacto muy fluido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por ese tema. “La Provincia está coordinando con Nación para que haya un posicionamiento único. Los fondos de inversión están en una encrucijada porque la propuesta de Argentina es lógica, tiene sentido común, y nosotros en Provincia hicimos una propuesta en la misma línea. Pero los fondos de inversión tienen otra lógica. Deberían tomar nota de la complejidad económica que hay”, ratificó Kicillof.

Muchos analistas se preguntan si el gesto de las autoridades provinciales de entrar en default y mantener la negociación abierta puede ser un ensayo para el gobierno nacional que tiene su propia fecha límite el 22 de este mes, cuando se cumple un mes del incumplimiento por U$S 503 millones. Hasta ahora los ofrecimientos de canje de ambas administraciones fueron descartados por los acreedores. El porcentaje de adhesión que consiguió Nación no fue difundido, aunque se sabe que el nivel de rechazo fue muy alto, y el de la Provincia, que se presume corrió la misma suerte, se conocería en las próximas horas.

Tantos puntos de contacto tiene la situación nacional con la provincial que la posición de los acreedores es la misma. Un grupo de bonistas que se atribuye poseer el 42% de los títulos de deuda bonaerense armó un comité para difundir su postura. Según el portal especializado I-Profesional, sus voceros se quejan de que “sigue los pasos de la República, ignorándolos y no actuando de buena fe” y de que “la oferta está por debajo de su capacidad de pago y asume pérdidas no razonables a los bonistas”. Son los mismos argumentos que usaron los fondos de inversión con papeles de la deuda argentina (algunos también tienen bonos del gobierno provincial) para oponerse a la reestructuración.