La renegociación de la deuda del Correo Argentino durante el gobierno de su dueño, el ex presidente Mauricio Macri, vuelve al centro de la escena. Un juez en lo Contencioso Administrativo Federal dictó la nulidad de aquella suerte de “autoamnistía” que firmó en 2018 la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, tras un sumario interno que hizo el propio gobierno y que determinó que “los hechos objeto de la investigación no constituían irregularidad administrativa imputable a agente alguno, y, por el otro, se determinó la inexistencia de perjuicio fiscal”.

Aquello quedó patentizado en un decreto, el 907/18, que fue firmado por Michetti porque Macri –que era el jefe del Estado- se había excusado de intervenir en esa negociación para “evitar cualquier sospecha de conflicto de intereses”. Entonces Michetti, tras una investigación exhaustiva, profunda, hasta el hueso, concluyó que todo estaba bien.

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Apenas Michetti firmó el decreto, la diputada del Frente Renovador Graciela Caamaño presentó un proyecto de ley para su derogación. Después de cuatro años, la iniciativa ni siquiera superó el tratamiento en comisión. La legisladora advirtió en los considerandos que todo el proceso había sido irregular. Hizo hincapié en “el cambio de titularidad que tuvo La Procuración del Tesoro, el cargo era desempeñado por un funcionario de carrera y de amplia trayectoria, el doctor Carlos Balbín, y fue reemplazado por un amigo cercano al presidente Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías”.

El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apeló la decisión de cerrar la investigación. Se quejó porque no lo dejaron producir prueba que pudiera demostrar si existieron –o no- irregularidades, abusos funcionales, parcialidad o favoritismos.

El gobierno de Macri le rechazó un recurso de revisión administrativa y la PIA fue a la Justicia. Hoy, el juez Pablo Cayssials, le dio la razón.

El juez falló “haciendo lugar a la demanda incoada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución que tuvo por finalizado el sumario administrativo”.

La causa se inició cuando todavía Macri era presidente. El Estado Nacional se presentó ante la Justicia, enterado del planteo de la PIA, y el 20 de noviembre de 2019, tres semanas antes del cambio de gobierno, pidió el rechazo de la acción judicial.

El juez Cayssials consideró que “toda actuación estatal se presume legítima, salvo que se demuestre lo contrario”. Incluso ésta.

¿Se demostró lo contrario? El fiscal Rodríguez consideró que el cierre de la investigación administrativa y todos sus actos consecuentes “resultan ser nulos por haberse sustentado únicamente en la declaración del imputado Juan Manuel Mocoroa, sin tener en consideración la prueba aportada”.

Mocoroa era el titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. El ministro, por entonces, era Oscar Aguad, quien luego pasó al área de Defensa, donde pasó a la historia como el funcionario al que se le perdió un submarino. Podría ser cómico, si ello no hubiera costado la vida de 44 argentinos.

El juez Cayssials dispuso la nulidad de aquella autoamnistía porque al fiscal Rodríguez “se le negó la posibilidad de producir los medios probatorios por ella sugeridos, vulnerándose de este modo el derecho que le asiste”.