En busca de lograr evitar el conflicto de intereses y la incompatibilidad de los ejecutivos de empresas nombrados en cargos públicos, un grupo de Diputados del FPV-PJ presentaron un proyecto de ley para frenar la CEOcracia, especialmente en aquellos funcionarios que ejercen en las mismas áreas de trabajo en las que se desempeñaron en la actividad privada.
La iniciativa fue impulsada por el mendocino Guillermo Carmona y lleva la firma de otros once diputados del bloque y forma parte de un paquete que incluye otra iniciativa complementaria para crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción actualmente dirigida por Laura Alonso, quien de acuerdo a los legisladores se mostró hasta acá muy proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de interés y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete de Mauricio Macri.
Así lo explica Carmona: Los grupos económicos suelen implementar mecanismos para direccionar o influenciar las políticas del Estado en favor de sus propios intereses, y uno de ellos es la incorporación masiva de CEOs de grandes empresas en puestos claves de la función pública, o el mecanismo inverso de llevar funcionarios clave (con acceso a datos e información privilegiada) a empresas privadas al término de su cargo.
Además explicó: Estas prácticas aumentan el riesgo de tráfico de influencias e información y de que se produzcan conflictos de intereses que pueden perjudicar el bien común, y son la expresión de una nueva forma de gobierno donde las decisiones del Estado son cooptadas por los intereses de las corporaciones, la CEOcracia.
Entre los puntos principales de la iniciativa se destacan tres. Ningún funcionario público con rango de Jefe de Gabinete, Ministro, Secretario o Subsecretario puede haber desempeñado funciones gerenciales de dirección o gestión, tener participación accionaria en el país o en el extranjero, en empresas cuya actividad esté relacionada directamente con las competencias del cargo a desempeñar, por el lapso de tres años anteriores a la posesión del cargo. Para los funcionarios de menor rango, la restricción será de dos años. A su vez ningún funcionario público podrá desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con el cargo ejercido por el lapso de tres años posteriores al cese de sus funciones. Y la declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos será mucho más estrictas, y deberá incluir participación en empresas offshore; en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa; y en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario.
Algunos de los que actualmente son miembros del gabinete nacional y se encuentran actuando en áreas que coinciden con el rubro de las empresas en las cuales ocupaban altos cargos son: Juan José Aranguren (Ministro de Energía, ex CEO de Shell en la Argentina y accionista de Shell Internacional); José Luis Sureda (Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, ex vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy); David Tezanos (interventor de Enargas, ex Presidente de Metrogas); Juan Garade (Presidente del Enre, ex director de Planificación, Control y Regulación de Edesur); Luis Caputto (Secretario de Finanzas, ex Presidente del Deutsche Bank Argentina y del Fondo de Inversión Axis) y Horacio Liendo (director del Banco Central, ex responsable legal del Industrial and Commercial Bank of China).
Los otros once diputados que suscriben el proyecto de ley son: Juan Manuel Pedrini, Julio Solanas, Eduardo Seminara, Alberto Ciampini, Luis Bardeggia, Jorge Barreto, Analía Rach Quiroga, Carolina Gailard, Alejandro Abraham, Lautaro Gervasoni y Luis Basterra.
