El ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos fue condenado a prisión perpetua y el ex espía del Batallón 601 Ariel Darío Pituelli recibió 4 años de prisión.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori encontraron culpable a Britos por el homicidio de Eduardo Edelmiro Ruival y el secuestro de Adriana Claudia Marandet, quien aún está desaparecida. Pituelli, por otra parte, fue sentenciado a 4 años de prisión por amenazas coactivas ya que fue el responsable de controlar la libertad vigilada a la que fueron sometidos Alberto Rubén Gildengers y a Elsa Liliana Ortega, quienes habían estado cautivos en El Atlético.
El juicio conocido como ABO V es el quinto tramo de la causa y el cuarto debate oral que se realiza desde 2009 por los delitos cometidos en el circuito represivo que estuvo bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
El operativo de la calle Pergamino
Eduardo Ruival y Adriana Marandet tenían 20 y 19 años y eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Se habían casado en 1976 y se mudaron juntos a una habitación construida sobre el garage de la casa de los padres de Adriana en Flores, sobre la calle Pergamino.
Allí los fueron a buscar una madrugada de febrero de 1977. El joven fue asesinado en ese mismo lugar y Marandet fue secuestrada y llevada a El Atlético, donde fue vista por última vez.
Britos formó parte de ese operativo como miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía. Su participación quedó probada por las actas policiales que se labraron ese día a partir de la herida que habría recibido en el pie del oficial Mario Baigorria. Britos aparece como uno de los testigos en ese expediente por lesiones en “un enfrentamiento armado con elementos subversivos”. Un dermotest al joven asesinado comprobó que él no había disparado ningún arma.
Britos no había podido ser juzgado hasta el momento ya que se dio a la fuga en 2012, cuando el juez Daniel Rafecas comenzó a investigarlo. Recién pudo ser detenido en 2017, tras permanecer escondido en el monte salteño durante más de 5 años.
Libertad vigilada
Alberto Rubén Gildengers fue secuestrado tras salir de su trabajo Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Su pareja, Liliana Ortega, fue secuestrada en su casa. Los dos fueron llevados a El Atlético.
Unos días después de ser liberada, Liliana recibió una llamada de Pituelli y la citó en un bar del centro. Allí comenzaron los controles que se realizaron una vez por semana o cada 15 días para vigilar las condiciones de su liberación: que dejara su militancia en la Juventud Universitaria Peronista, que dejara su trabajo y que esperara un año para volver a la facultad de medicina.
Al poco tiempo fue liberado Alberto y Pituelli continuó con los controles semanales a ambos en lugares públicos y en sus domicilios. Un día lo llevó en su auto, sacó su pistola y con una bala en la mano, lo amenazó: “Tomá, te doy esto. Acordate que ahora esto que tenés en la mano, lo podrías haber tenido en la cabeza”, relató el sobreviviente. Recordó además haber escuchado la voz del exespía en El Atlético, mientras era torturado, aunque sólo fue acusado por su rol fuera del centro clandestino de detención.
A fines de noviembre de 1977 los controles se detuvieron, sin embargo, Pituelli continuó con su vínculo con Liliana Ortega, se casaron y están hoy divorciados.
El ex agente secreto del Batallón 601 llegó acusado por coacción agravada y tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como el CELS habían solicitado 10 años de prisión. El TOF lo condenó por amenazas coactivas, por lo que la pena fue menor.
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