«La violencia desplegada por Silvina Avila contra Sergio Maldonado y su esposa Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el (ex juez de la causa Guido) Otranto», señaló la abogada de la familia de Santiago, Verónica Heredia en un comunicado.
En el pedido de recusación, relató que -tras la nulidad dispuesta por Lleral de las escuchas a la familia Maldonado ordenadas por Otranto- «tomamos conocimiento que la señora Silvia Ávila conoció y solicitó de tales violaciones constitucionales». En cuanto a Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, «intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del doctor Otranto», con quien está casada.
Sobre Ávila, afirmó que se negaba a atender a la familia Maldonado alegando que eran violentos, pero, añadió, «ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal, que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano», subrayó Heredia.
La abogada también recordó que la APDH, querellante en la causa de Santiago Maldonado -desaparecido el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería en la localidad mapuche Resistencia en Cushamen, y cuyo cadáver apareció en octubre en el río Chubut-, puso en duda su imparcialidad al pedir su recusación. La APDH se preguntaba cuál era el interés que representaba la fiscal de la causa, sobre lo que ahora «no quedan dudas», afirmó Heredia en el escrito y agregó: «defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado».
«La falta de ética de la fiscal Avila se plasma además en contar como su secretaria a la esposa de Guido Otranto, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones», finalizó Heredia.
