El relator especial de la ONU sobre tortura, Niels Melzer, recorrió cárceles, centros de detenciones y hospitales durante más de diez días y remarcó la situación de derechos humanos en situaciones de encierro y violencia institucional. Señaló la falta de financiamiento del mecanismo de protección.
El relator suizo estuvo en el país entre el 9 y el 20 de abril junto a un equipo de especialistas. Viajó invitado por el Gobierno de Argentina, se reunió con organismos del Estado y de los gobiernos nacional y provinciales, expertos en derechos humanos y otros actores en temas de derechos humanos. Visitó el Hospital Moyano y el barrio Zavaleta, la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela, la Unidad IV del Centro Penitenciario Federal de Ezeiza, y el complejo carcelario Bouwer en Córdoba, entre otros centros y hospitales de esas provincias y la de Formosa.
Su informe final será llevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero en las conclusiones preliminares que este viernes ofreció en una conferencia en la oficina de la ONU en Ciudad de Buenos Aires, fue especialmente crítico con el sistema carcelario y las condiciones de detención, que consideró violatorias de las normas internacionales e incompatibles con la vida humana, por lo que las repudió y las posicionó como una cuestión de urgencia humanitaria.
Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables, dijo.
El informe destacó la invitación del gobierno y remarcó el proceso de juzgamiento de los crimenes de la dictadura cívico militar, celebró la creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional y de los mecanismos de prevención de la tortura, y subrayó el progreso de la sociedad en las tres décadas de gobiernos democráticos.
Sin embargo, precisó que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad pública.
-En sus conclusiones preliminares resalta la creación de mecanismos de protección en el país, pero dice que no funcionan ¿Por qué cree que sucede?
-Comparado con otros países me ha asombrado la cantidad de mecanismos que (Argentina) ha creado para promover derechos y es preocupante ver cómo esto no tiene necesariamente impacto práctico respondió Melzer-. Yo creo que debe haber voluntad política de actuar y actuar ahora.
Las condiciones de encierro de las personas privadas de libertad concentraron todas las críticas de Melzer. No es un problema que hay que discutir, es un problema que hay que resolver. No podemos permitir que las personas vivan en estas condiciones. Es como una casa que se incendia, es una urgencia. Debemos actuar ya mismo, sobre todo cuando vemos que las políticas de seguridad tienden a incrementar la población carcelaria, le dijo a Tiempo.
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