Un cambio a la ley de financiamiento de los partidos políticos sancionada para licuar las acusaciones por “aportantes truchos” a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017, más un fallo impulsado por el camarista federal Martín Irurzun, amenazan con terminar sorpresivamente con el expediente de la denominada “mafia de los medicamentos” y un sobreseimiento masivo de todos los imputados.
La defensa de Héctor Capaccioli, el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante el gobierno de Néstor Kirchner y sindicado (él lo niega) como uno de los recaudadores de fondos para la campaña de las elecciones de 2007, acaba de presentar un planteo de incompetencia para que el viejo expediente, que está en aletargado camino hacia el juicio oral, pase a la órbita de la Justicia electoral.
Lo hizo sobre la base de dos argumentos. El 31 de mayo de 2019, cuando estaba lanzado el proceso eleccionario en el que María Eugenia Vidal aspiraba a la reelección en la provincia de Buenos Aires, el Congreso –con el voto macrista- reformó la ley de financiamiento de los partidos políticos incorporando un artículo que estableció que ante una situación como la de los aportantes apócrifos “si se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral”.
Los aportantes truchos fueron utilizados para disimular a los financistas reales de la campaña de Cambiemos. En la causa por la “mafia de los medicamentos” se investiga un supuesto mecanismo de adulteración de fármacos y sobrefacturación a farmacias y obras sociales con el presunto objetivo de recaudar dinero para volcarlo al proselitismo del Frente para la Victoria. Con sus más y sus menos, dos expedientes casi calcados.
La reforma de la ley estableció que cuando se detectaran mecanismos irregulares de financiamiento que pudieran estar cimentados en delitos “en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario”.
Dicho de otra manera: la justicia electoral debe determinar si hubo financiamiento irregular y sólo entonces los jueces penales quedan habilitados para avanzar sobre los delitos previstos en el Código Penal que generaron ese financiamiento partidario ilegal.
La abogada de Capaccioli, Elena Baroni, recordó que en el caso de Vidal se aplicó ese criterio y reclamó lo mismo para el exfuncionario kirchnerista.
Si bien la ley fue reformada en 2019, más de un año antes el camarista federal Martín Irurzun resolvió que la investigación por los aportantes truchos que tramitaba una parte ante el juzgado de Sebastián Casanello y otra en la justicia penal federal de La Plata, pasara completa a la Justicia Electoral de la capital bonaerense.
Casi como en una premonición, en octubre de 2018, la Cámara Federal porteña, en un fallo unipersonal de Irurzun, entendió que “se investigaban maniobras en infracción a la ley electoral vinculados al financiamiento de campaña de la Alianza electoral Cambiemos en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires de 2017”. Y advirtió que la legislación “impone un límite claro y temporal a la intervención de la justicia penal, y este es, que se haya obtenido sentencia firme en materia electoral”.
Nada de eso ocurrió. Y las causas penales no pueden avanzar. Ni la de los falsos aportantes, ni mucho menos la de la mafia de los medicamentos, que está virtualmente paralizada desde hace 11 años: “El trámite está suspendido desde el 1º de noviembre de 2010 hasta tanto no se resolvieran los hechos vinculados al financiamiento de dicha campaña”.
El planteo de Capaccioli fue presentado ante el juzgado de Casanello. Sea cual fuere la decisión, el próximo paso será comenzar a sacar cuentas: probablemente los delitos ya estén prescriptos. Paradojas del destino, una estrategia para beneficiar a los propios podría resultar un tiro por la culata para Cambiemos.
En cuanto a los aportantes de Vidal, la causa ahora tiene juez: Alejo Ramos Padilla, magistrado electoral bonaerense. El expediente podría volver a moverse tras el proceso electoral que culminó el domingo pasado.
Truchos
Alejo Ramos Padilla, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, tiene a su cargo la causa en la que se investiga el origen de los fondos que financiaron la campaña de Juntos por el Cambio en 2017. Durante 2021 el expediente no avanzó, al parecer para evitar su uso en el marco de la campaña electoral. Pero con las legislativas ya realizadas la expectativa es que se produzcan novedades.
