En el contexto de la derrota del nazismo en 1945 y la Guerra Fría de posguerra, los antiperonistas de 1955 estaban genuinamente convencidos de que el peronismo era una anormalidad política temporal que una intervención militar con apoyo del resto de los partidos podía corregir. Veían al peronismo como un producto de los ’40, de otra época, pasible de ser superado con una desperonización del sistema político. E imaginaban que con el exilio de Perón, la prohibición de su partido político, y la eliminación de las referencias al mismo en la educación y la comunicación, sumado a una campaña publicitaria de desprestigio, iba a ser olvidado por los argentinos en algunos breves años.

El problema fue que se equivocaron, ya que el tiempo transcurría, y el apoyo al peronismo seguía ahí. Ese descubrimiento era terrible y difícil de asimilar, porque implicaba que la anormalidad era el antiperonismo. El espejo de la realidad les decía a los defensores de la República que, en realidad, eran ellos quienes la estaban socavando.

El problema que esta contradicción generó en la política argentina fue enorme, y nunca terminó de resolverse. Después de 1983, el consenso básico de la democracia aceptó que la violencia política era la amenaza más grave que se cernía sobre la democracia, e incluyó en el catálogo de lo repudiable tanto al terrorismo de Estado como a la guerrilla. De hecho, la Argentina de 1983 es considerada como un modelo universal de la defensa de los Derechos Humanos y el rechazo a toda forma de violencia política, sea estatal, paramilitar o guerrillera. Pero para que el éxito de la nueva democracia sea posible, resultó necesario identificar a la violencia política como un problema en sí mismo, ejercido por sus perpetradores y ejecutores –militares y guerrilleros–, y no poner tanto énfasis en el conflicto político que le daba origen.

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La razón era sencilla: si se enfatizaba en los orígenes politicos de la violencia, y no tanto en la violencia en sí, entonces iba a ser más difícil sentar a todos los partidos políticos en la mesa. El consenso de 1983 fue una defensa de la política frente a las intervenciones de la violencia. La violencia como técnica de destrucción: una cosa eran los golpes de Estado y las prácticas ultraviolentas de la represión, y otra muy distinta era el conflicto político que se daba en una democracia constitucional.

Sin embargo, al igual que ocurrió con 1955, 1983 tampoco puso fin a la división entre peronismo y antiperonismo. El clivaje seguía ahí, en el siglo XXI se profundizó, y los politólogos y periodistas lo aceptaron como la verdadera frontera que organiza a la política argentina. El equivalente local a la división izquierda – derecha.

El problema es que se trata de una división inestable. Izquierdas y derechas pueden coexistir, pero peronistas y antiperonistas no, porque en el fondo de la convivencia, hay un sector que propone la supresión del otro. La paradoja argentina es que no hay tantas diferencias ideológicas entre peronistas y no peronistas –en los países vecinos, las diferencias ideológicas entre partidos hoy son más grandes que en el nuestro– pero aquí la cultura política es mucho más divisiva y retóricamente violenta. 

Hay que seguir investigando qué pasó en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, y descubrir los verdaderos motivos del atacante. Pero dado el clima de los años previos, la escena no sorprende. Luce posible que el clima de crispación y grieta movilice a la violencia terrorista. Por esa razón, la moderación que el sistema político necesita debe contemplar el hecho históricamente mal tratado de la peligrosidad institucional del antiperonismo. El deseo de la supresión de un actor legítimo del sistema no es una ideología aceptable. Sobre todo, si puede ser generadora de violencia estructural, desorganizada, en la que «ciudadanos comunes» disparen con armas de fuego. «