Autoridades bonaerenses decidieron impulsar cambios profundos en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo cumple la función de acompañar y brindar herramientas a las personas que salen de las cárceles. Si bien continuará con la tarea, lo hará en conjunto con las organizaciones sociales de liberados.
“El patronato actúa con personas que salen de los penales, a quienes el Poder Judicial -durante una etapa de la ejecución de la pena- libera y manda a que cumplan con nosotros hasta que se agote la condena impuesta. Pero más de la mitad de los hombres y mujeres salen sin tener que rendir cuentas porque ya son reincidentes y son liberados cuando terminan de cumplir. Por eso no reciben ningún tipo de acompañamiento, desde ahora en adelante trabajaremos con estas personas”, explica a Tiempo, Aníbal Hnatiuk, presidente del Patronato de Liberados de la Provincia.
En esta línea proponen asistir y brindar tratamiento a más personas. Para ello se necesita más recursos, porque está comprobado que éstas personas atraviesan situaciones de marginalidad social:»No tuvieron acceso a los condiciones básicas de la vida, como ser, alimentación, educación, trabajo entre otros derechos humanos que son fundamentales”, asegura Hnatiuk.
“Desde el patronato seguiremos ejerciendo las tareas de control estipuladas en la Ley de Ejecución penal 12.256. Pero lo haremos articulando con organizaciones sociales compuestas por personas liberadas y con municipalidades que tengan funcionando cuadrillas de mantenimiento urbano o algún programa asistencial”, detalla.
En ese sentido, el programa ’Más trabajo, menos reincidencia’ será el eje rector de este cambio de paradigma. “Esto implica coordinar con el Ministerio de Educación de la provincia, que va a fomentar la continuidad de los estudios que las personas empiezan cuando transitan el encierro y que mayormente cuando sales abandonan por falta de recursos y acompañamiento”, detalló.
En ese plan entrará también el Ministerio de Trabajo de la provincia, que incluirá a personas liberadas en sus programas y fortalecerá los espacios cooperativos de personas liberadas, y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que brindará asistencia directa a quienes lo necesiten. “Es una mesa de trabajo multiactoral, donde autoridades nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad participan para integrar a éstas personas”, termina Hnatiuk.
Esta reforma del Patronato de Liberados se da en un sistema penitenciario superpoblado desde hace aos, pero que en los últimos años se profundizó. Según cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, el 12 de diciembre había 51.725 internos y 24.000 plazas, es decir que la superpoblación del 120%. A esto se suma además las deudas de 8 meses a los proveedores de alimentos y medicamentos, lo que produjo un faltante de remedios y los problemas de salud de los internos se agravaron. “Sólo había 1.130 historias clínicas cuando había más de 4.000 internos enfermos”, señalaron.
Días atrás se realizó una reunión convocada por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados provinciales. La que presiden Susana González y Jorge D’onofrio del Frente de Todos. Ese día el ministro Julio Alak presentó un diagnóstico de la situación, enumeró las medidas impulsadas y anunció otras a implementar.
Durante el encuentro, que se desarrolló de manera virtual y en el que también participó el subsecretario de Política Criminal Lisandro Pellegrini, se expuso todo el trabajo realizado en las cárceles bonaerenses para prevenir el ingreso del Covid-19. Se desarrollaron los rasgos principales del programa «Más trabajo, menos reincidencia», que propone incluir a personas privadas de libertad y cuando salen de las cárceles en el seno social y laboral. También se acordó sobre la necesidad de hacer reformas en la legislación bonaerense para modernizar su régimen procesal penal y, a la vez, incorporar la perspectiva de la víctima.
Los funcionarios celebraron el plan de infraestructura que prevé la construcción de dos mil plazas carcelarias. Destacaron que por primera vez en la historia provincial se construirán doce centros médicos modulares con fondos nacionales. En la misma línea recordaron el logro de la conectividad informática de todas las unidades penitenciarias y alcaidías, lo que no sólo redunda en seguridad, sino que permite ahorrar 90 millones de pesos en traslados de detenidos, seguros y gastos de combustible.
Una de las tantas cosas que se plantearon en el encuentro virtual fue que el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del SPB. Fue una orden que se concretó casi instantáneamente. Lo hizo con el objetivo de democratizar y hacer visible la actuación del organismo que debe capacitar y brindar herramientas a las personas que transitan el encierro punitivo y cuando salen.
