El ministro de Justicia, Martín Soria, pasó, como anticipó Tiempo, por el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de Diputados. Con acuerdos logrados por afuera del Congreso, presentó una serie de propuestas para introducir en el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Ahora, el camino deberá seguir por dentro de la Cámara Baja donde el Frente de Todos, a simple vista, no cuenta con los votos para poder aprobar la iniciativa.

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“Los cambios propuestos son producto del diálogo institucional y tienden a construir una ley plural, inclusiva y con perspectiva de género”, afirmó Soria, el lunes, en el marco de la reunión plenaria, a la que llegó luego de semanas en las que mantuvo encuentros institucionales con representantes de peso del sector. Entre ellos estaban Carlos Rivolo (Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación), Marcelo Gallo Tagle y María Paula Asaro, presidente y vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, y con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

Tras conseguir el respaldo por afuera, Soria empezó a poner el cuerpo para tratar de construir una mayoría parlamentaria, teniendo en cuenta varias cuestiones. Por un lado, en la Cámara que preside Sergio Massa, el oficialismo no cuenta con la mayoría absoluta (la mitad más uno del cuerpo legislativo) para poder avanzar sin consensuar los proyectos con el resto de los espacios políticos. Por otro lado, el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, no acompañará “de ninguna manera” la iniciativa. El argumento siempre es el mismo: que el gobierno busca hacer cambios en la justicia para lograr “impunidad”.

A esto hay que sumarle que, dentro de uno de los espacios políticos aliados, el Interbloque Federal, ya hubo expresiones de rechazo al proyecto. Y a la forma en que Soria, que hasta el mes pasado fue diputado, se refirió a los opositores que no estuvieron presente en el encuentro telemático.

“No es ninguna prioridad para el pueblo argentino apurarnos con una reforma del Ministerio Público Fiscal”, lanzó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, en diálogo con Diputados TV. El presidente del bloque Consenso Federal manifestó: “Con este tema estamos dando vuelta como laucha en fuenton hace siete meses. El problema es que el oficialismo no es explícito en apoyar estas prioridades. El tema va a ser para que el oficialismo y Cambiemos se ladren entre ellos en medio de una elección”.

En el poroteo, el Frente de Todos, que cuenta con 118 diputados, puede sumar 6 legisladores del interbloque de José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo Federal). Pero necesitará de los federales, del Frente de Izquierda y la neuquina Alma Sapag para alcanzar su objetivo.

Fuentes del oficialismo reconocieron a Tiempo que la situación “está difícil”. Sin embargo señalaron que “hay negociaciones y algún acercamiento”, motivo por el cual se pusieron en marcha las comisiones, que tienen como idea continuar con reuniones informativas con representantes judiciales, entre otros. Es una tarea en la que deberán continuar trabajando los presidentes de las comisiones, los diputados Rodolfo Tailhade y Hernán Pérez Araujo.

En su exposición, Soria explicó a los diputados una serie de cambios que se dan en torno a cuatro ejes: el mecanismo de designación del procurador general y la necesidad de que el mandato tenga un plazo con límite temporal. Además expuso la regulación de los jurados de concurso y la del tribunal de enjuiciamiento; las facultades de la comisión bicameral y el fortalecimiento de la perspectiva de género en el organismo.

En relación al primer punto, Soria explicó que existe una tendencia a nivel internacional sobre la necesidad de terminar con el mandato vitalicio del procurador general. Explicó los cambios que el proyecto establece en el mecanismo de designación: “Si el mandato del procurador ya no es vitalicio, las mayorías necesarias para su designación pueden y deben ser distintas”.

Respecto a la remoción, el ministro afirmó que “la estabilidad mientras dure el mandato es una garantía de autonomía para el organismo. Por eso, el proyecto es muy exigente en este sentido. Para removerlo se requiere el voto de la mayoría absoluta de los diputados y dos tercios del Senado”. Soria propuso modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y las mayorías exigidas para la remoción de los fiscales para fortalecer la estabilidad y la autonomía. También sugirió revisar el mecanismo de designación del procurador interino que se introdujo en la media sanción del Senado, para que no pueda haber una suplencia que supere los 6 meses, así como la limitación de las facultades de la Comisión Bicameral en distintos aspectos. También propuso incorporar la perspectiva de género y romper el “techo de cristal” que sufren las mujeres en el ministerio público.