El debate sobre la regulación de la tenencia de cannabis para uso personal se coló en los últimos días en la campaña electoral. El tema, que lleva años de discusión, fue tomado por el presidente Alberto Fernández. El mandatario se mostró a favor de dar el debate en el Congreso para “terminar con la hipocresía”. También fue puesto en escena por la precandidata de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, quien argumentó de manera polémica que no es lo mismo el consumo en las villas que en el barrio porteño de Palermo. 

En declaraciones a filo news, la ex gobernadora bonaerense manifestó: “Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”. 

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Pero cuál es la situación actual de las iniciativas presentadas en el Congreso que buscan despenalizar el uso de cannabis para uso recreativo. Según los datos de la página oficial de la Cámara de Diputados, entre 2019 y 2020 se presentaron un total de 13 proyectos de los cuales 8 continúan con estado parlamentario. La mayoría con giró a las comisiones de Legislación Penal, Seguridad Interior y Salud. Las tres son presididas por diputados del Frente de Todos: Carolina Gaillard, Paula Penaca y Pablo Yedlin. Gaillard, que busca renovar su banca en el Congreso, tiene como objetivo avanzar en la despenalización del consumo recreativo de la marihuana. 

En el año 2003 se presentó el primer proyecto de ley sobre la temática por Diana Conti, ex diputada del Frente para La Victoria. La iniciativa establecía la despenalización del uso del cannabis como medicación terapéutica para el control de síntomas o para cuidados paliativos de personas que conviven con distintas patologías. En 2017 el Congreso sancionó la norma que permite el acceso gratuito a los derivados de la marihuana para tratamientos, pero que contempla el autocultivo. 

Los proyectos, pese a que pertenecen a legisladores de distintos espacios políticos, en general plantean crear un marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición. Así como también erradicar el mercado ilícito reduciendo la incidencia del narcotráfico y los riesgos que conlleva para la salud y seguridad de las personas. 

En cuanto a la regulación argentina, en el año 1974 se sancionó la Ley 20.771 basada en la doctrina de “guerra contra las drogas” que se daba en el resto del mundo. En 1989, se modificó la norma por la Ley 23.737 que incrementó penas, mantuvo la penalización de la tenencia, desdobló la figura en tenencia simple y tenencia para consumo personal.  

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2019, entre 163,6 y 219 millones de personas consumieron cannabis en el mundo. Entre el 3,3% y el 4,4% de la población adulta global durante el año 2017, con un incremento del 16% en el último decenio. 

Cannabis medicinal y el cáñamo industrial 

Tras la media sanción del Senado, en la Cámara de Diputados resta debatir el proyecto que envió el gobierno nacional que establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La iniciativa viene a complementar la legislación actual (Ley 27.350) que permitió un avance de la producción de cannabis medicinal, pero en muy baja escala por estar limitado exclusivamente a fines experimentales.  

La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, 5 en contra y una abstención. La norma pendiente a tratar busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta, en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal. Asimismo incluye la legalización de los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos, que es una variedad específica con baja concentración de THC (no es psicoactivo).  El objetivo es impulsar su uso como insumo para varios sectores productivos: fibras textiles, ropa y calzado, cosmético, materiales para construcción, papel.  

Según los fundamentos del gobierno, es importante legalizar su producción, excluyéndolo del listado de estupefacientes (fue incluido en 1977). Se incluye el cáñamo en la ley porque es necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo.   Asimismo se contempla la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) tendrá autarquía técnica, funcional y financiera. Orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.