El rechazo al DNU de Macri divide las estrategias del peronismo, mientras algunas especulan con poder aprobar las modificaciones por ley.
La publicación del decreto presidencial de convocatoria a sesiones extraordinarias para debatir este proyecto, que el Senado aprobó en diciembre pasado, no logró suspender la reunión de la Bicameral. Es lo que pretendía el gobierno nacional. Incluso el encuentro contó con una serie de expositores invitados y la mayoría expresó su repudio a la maniobra presidencial de recurrir a un DNU cuyo texto no sólo perjudica a los trabajadores sino que además despreciaba y desconocía la tarea y los tiempos del Congreso para sancionar una ley.
El DNU presidencial, firmado el 23 de enero pasado, había logrado difuminar las diferencias internas entre los legisladores peronistas que coincidieron en repudiarlo porque no sólo entendían que no había urgencia para su dictado sino porque le incorporaba modificaciones al texto que el Senado, con el voto del macrismo, ya había aprobado. La alteración más repudiada fue que el trabajador debe pasar de manera excluyente y obligatoria por el dictamen de las comisiones médicas antes de recurrir a un reclamo judicial.
Ante el unánime repudio el oficialismo elaboró una estrategia para evitar ese dictamen de rechazo y convocó a sesiones extraordinarias. Esa decisión incluyó un acuerdo con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista pero también con el presidente del bloque de senadores del FPV-PJ, Miguel Pichetto. La negativa de los senadores que le responden al senador por Río Negro a firmar el dictamen y esperar una semana, dio cuenta del acuerdo alcanzado entre el macrismo y la oposición responsable. La única senadora que integra la Bicameral y que no compartió la decisión del pichettismo fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Si bien es cierto que la postergación hasta el jueves de la semana próxima de la firma del dictamen fungirá como una especie de espada de Damocles para el macrismo, lo cierto es que a los representantes del oficialismo esta tregua les permitió respirar aliviados. De hecho, el macrista Pablo Tonellise dio el lujo de defender el decreto presidencial al sostener que ni en la Constitución ni en la ley que regula el trámite de los DNU hay la más mínima prohibición para que el Poder Ejecutivo dicte uno mientras hay un proyecto en proceso.
Hubo al menos dos pruebas que daban cuenta de la existencia de este acuerdo fue la ausencia de los representantes de la conducción de la CGT, que estaban anotados para las exposiciones, la del superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón y la del diputado massista, Raúl Pérez, miembro de la Bicameral.
El lunes próximo se realizará un plenario de comisiones de Diputados que deberán estudiar la media sanción de los senadores. Los diputados del FPV llegarán con un dictamen propio pero es muy poco probable que el resto de las bancadas acepten esas modificaciones y avancen junto al oficialismo con el texto que llegó del Senado.
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