Paolo Rocca ingresó a los tribunales federales de Comodoro Py por un acceso vip, negó las acusaciones que tímidamente se formularon en su contra, acusó a sus subalternos por el presunto pago de coimas que le adjudican los escritos asumidos como propios por el chofer Oscar Centeno, saludó a los empleados judiciales y –a contramano de lo que viene ocurriendo en una causa donde los que no se «arrepienten» van presos–, se fue tranquilo a su casa.

Nadie esperaba que fuera de otro modo. Que Rocca –el industrial más poderoso del país– concurriera el viernes 5 a los tribunales fue una anomalía que el propio empresario se autoinflingió cuando comentó en público el pago de coimas en un meeting empresarial. Hasta ese momento, investigadores y denunciantes habían procurado mantenerlo lejos del escándalo. El periódico La Nación (transmisor de los cuadernos) omitió mencionar que Rocca y Techint figuraban en los escritos hasta que otros medios marcaron la omisión; el fiscal Carlos Stornelli sobrevoló el asunto con un amable allanamiento a las oficinas de la empresa; y el juez Claudio Bonadio ni siquiera mencionó a Rocca en el extenso escrito donde procesó a dos de sus subalternos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Pero algo cambió en el último mes para que Rocca terminara el viernes paseando por Comodoro Py: la ostensible protección a Rocca detonó una guerra interna en Cambiemos que hizo cumbre esta semana con el brote público de Elisa Carrió.

Experta en conspiraciones, la diputada cree que Mauricio Macri y Rocca sellaron un pacto de impunidad a cambio de dinero fresco con forma de inversiones en Vaca Muerta, la única apuesta productiva donde el gobierno puede exhibir brotes verdes.

La foto de Macri recorriendo los dominios neuquinos de Rocca en medio del escándalo alimentó las suspicacias de la diputada, que respondió con un «ultimátum» al ministro de producción Dante Sica, un consultor sensible a las necesidades del establishment industrial. «Lo intimo al ministro a que convoque a las pymes», dijo, y en elíptica alusión a Rocca agregó: «No tenemos que creer más en estos señores que manejaron la Argentina en los últimos 40 años».

Enfundanda en su traje de «fiscal moral», Carrió pretende rediseñar el sistema económico y político argentino por la vía judicial. Por eso pretendía presidir la comisión bicameral que debe controlar el accionar de los fiscales, un cargo que le hubiese permitido manipular acusaciones a discreción. No pudo ser: su candidatura quedó en la banquina por falta de quórum.

Carrió acusó al PJ por el traspié, pero sabe que fue el propio gobierno el que maniobró para dejarla sin el cargo. La legisladora descargó su furia contra el ministro de Justicia Germán Garavano. Su pecado: cuestionar el uso abusivo de las prisiones preventivas, práctica habitual en el Gloriagate.

El programa de intervención judicial de la diputada coincide con el que expresó Edward Prado, embajador de Estados Unidos en el país. «Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial», dijo el embajador ante el Senado estadounidense, cuando debió detallar el objetivo de su gestión.

El uso de los tribunales para disputar política y negocios no es nuevo, pero en los últimos años adquirió niveles dramáticos con la aplicación del «Law Fare», como se denomina al uso de la justicia para perseguir enemigos políticos y comerciales. Una consecuencia de esa doctrina se apreciará hoy fuerte y claro en Brasil, donde el neonazi Jair Bolsonaro podría ganar la primera vuelta electoral con el terreno despejado por la prisión de Lula.

Exjuez de Texas, Prado tiene conocimiento profundos de los dos ejes de esta historia: Justicia y petróleo. También conoce de cerca lo que ocurre en Vaca Muerta y Neuquén, provincia que visitó en 2016.

Una de las tareas recientes de Prado como embajador fue juntar al secretario de Energía Javier Iguacel con las mayores petroleras estadounidenses. El encuentro se llevó a cabo hace dos semanas en el pago chico de Prado: Houston.

En ese encuentro, el secretario prometió cumplir antes de fin de año con las tres condiciones que impusieron las petroleras foráneas para traer sus dólares a Vaca Muerta: seguridad jurídica, libre mercado y reducción de costos.

El secretario ratificó la vigencia de los contratos de cesión firmados por YPF y afirmó que la petrolera estatal trabaja para bajar los costos operativos entre el 20% y el 30%, para ponerlos en línea con el mercado norteamericano. La flexibilización laboral, aprobada por empresas y gremios, colabora con ese objetivo.

La «liberación del mercado», en cambio, viene con mañas: el secretario anunció el cierre del registro de beneficiarios del «artículo 46», que establece el pago de subsidios a un club de empresas que explotan gas no convencional. Pero el proyecto de Presupuesto incrementa un 160% esos subsidios para el año 2019. Y la escandalosa resolución 20/2018, que establece un resarcimiento a las firmas por la devaluación, prevé aportar otros 10 mil millones de dólares adicionales a las arcas de las petroleras.

A los norteamericanos no les gusta eso.

Uno de los beneficiarios directos de esas medida oficiales es Rocca, que explota Vaca Muerta con Tecpetrol. Otro ganador es un viejo allegado a Macri: Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, y comprador de la constructora del clan.

Como ocurrió con Rocca, Mindlin declarará esta semana ante Bonadio por el Gloriagate. El juez mantiene vínculo estrecho con la embajada que conduce Prado, al igual que Carrió, quién el sábado por la noche extendió su ultimátum al presidente: “En vez de suicidarme, denuncio. Aunque le toque al Presidente. Macri está entre la línea de Angelici y la de Carrió. Y tiene que elegir. Tiene tiempo, pero elige o cae.”

La intimación de la diputada -experta en saltar a tiempo de barcos que se hunden- exhibe que la puja de intereses larvada en Cambiemos estalló en toda su magnitud. Tiene lógica: con la crisis económica en alza y la imagen del presidente en baja, los mecenas del oficialismo intuyen que como mucho les queda un año para cobrarse los aportes de campaña y colocar otro/a albaceas en la Casa Rosada. 

Con las urnas -por ahora- guardadas, la batalla se libra en los tribunales de Comodoro Py.

Después de las indagatorias, el juez tiene diez días para decidir si procesa o absuelve a los acusados. 

La guerra de malos contra peores que sacude a la Argentina entra en etapa de definición. «