Es por supuestas coimas en la construcción de un gasoducto. El fiscal reconoció que no tiene pruebas contra el ex ministro.
La lista, además de De Vido, incluye al ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex titular de ENARGAS Fulvio Madaro, el ex vicepresidente de CAMMESA Luis Beuret; el ex subgerente de CAMMESA Julio Bragulat; ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar; ex gerente de Nación Fideicomisos SA Néstor Ulloa; ex subgerente de Nación Fideicomisos SA Marcelo Quevedo Carrillo; Roberto Phillipps, Marcelo Brichetto; Daniel Ridelener, de Transportadora de Gas del Norte SA; Pablo Ferrero, de Transportadora de Gas del Sur SA; Armando Roberto Loson, de Rafael Albanesi SA; Flavio Bento de Faría y Marico Faria Silva, apoderados de Odebrecht SA. En la lista de acusados que presentó el fiscal Delgado no está el ex secretario de Obras Publicas José López, detenido en el marco de otras causas.
José Francisco López como Secretario de Obras Públicas debería haber sido parte de estos contratos. Sin embargo los documentos escritos lo colocan fuera del devenir del proyecto. Esa ausencia refuerza paralelamente la influencia de su superior Julio De Vido. Por lo tanto, no hay evidencia que por el momento ubique a López en ese evento que hemos calificado como defraudación y negociación incompatible con la función pública. Pero también hablamos de una certeza que aún no se convirtió en prueba sobre el delito de cohecho. Identificamos desde que lugares pueden aparecer elementos de prueba que inclinen la balanza para un lado o para el otro. Aún con esas limitaciones, hay indicios que acercan a Lopez a esa hipótesis, explico el fiscal.
El juez Daniel Rafecas recibió el pedido de indagatorias. Pero previo a ello necesita evacuar una serie de medidas de prueba, que incluye entre otras cuestiones informes de las empresas vinculadas con la obra cuestionada, Camargo Correa y Benito Roggio, per sé o por firmas vinculadas.
En la causa que investiga el proyecto Ampliación Gas 2006-2008, de construcción de los gasoductos Norte y Sur, el fiscal los imputó por «defraudación contra la administración» y «negociaciones incompatibles con la función pública» y adelantó que «casi seguro» también hubo «cohecho». El dictamen indica que el Ministerio de Planificación se valió de la figura de los fideicomisos, lo que garantizó fiscalizaciones limitadas y permitió realizar licitaciones arregladas cuyos rasgos principales fueron la participación de pocas empresas y los sobreprecios». En uno de los párrafos argumentales, Delgado sostuvo que «hay certezas» de que se pagaron coimas «pero aún no hay pruebas». No obstante, consideró que «los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación».
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