El fiscal federal Franco Picardi pidió nuevas medidas de prueba en la causa por espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la sede del Instituto Patria, y remarcó que se impone «indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema» al entonces presidente Mauricio Macri.
En su dictamen, la fiscalía evaluó que se «impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri», según el escrito al que tuvo acceso Télam.
El mismo criterio pidió para «las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal».
Se trata de la causa que investiga espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner y a la sede del Instituto Patria entre 2016 y 2019, en el marco de la cual están procesados Arribas y quien fuera su segunda, Silvia Majdalani, entre otros acusados.
«El análisis global de las circunstancias particulares que rodean los sucesos que integran esta encuesta, y que intersectan con las múltiples investigaciones establecidas alrededor de la actuación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el mandato o gestión que tuvo lugar entre los años 2016 y 2019, tal como se ha desarrollado exhaustivamente, impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri», expresó el fiscal en un dictamen fechado el 11 de abril pasado y que trascendió este jueves.
Las medidas pedidas para detectar el posible espionaje ilegal
Picardi pidió al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que ordene al respecto nuevas medidas de prueba, y en particular, se refirió a informes pedidos a prestatarias de telefonía móvil que llegaron al juzgado y en base a los cuales «resulta pertinente» ahondar en esa línea de investigación en particular.
Además, reclamó insistir con el pedido de registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y Casa Rosada entre junio y noviembre de 2018, de Arribas, Majdalani y otros investigados.
Por otro lado, pidió reiterar un pedido a la AFI para que proporcione las líneas telefónicas institucionales «oportunamente asignadas a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018».
«La requisitoria debe comprender abonados correspondientes a teléfonos celulares, de tierra, encriptados, u otros», aclaró sobre un informe que ya se había pedido a fines del año pasado y aún no tuvo respuesta.
Por último, pidió que la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) reúna «los registros de comunicaciones y de celdas activadas de los abonados telefónicos» investigados entre junio y noviembre de 2018 y que luego se haga un análisis de las comunicaciones entre ellos.
«Las diligencias descriptas se imponen como la única vía de conocimiento disponible para reconstruir interacciones posiblemente demostrativas de la intervención en el hecho de superiores jerárquicos de las personas implicadas hasta el momento», concluyó.
