El Frente Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos y cuenta con tres diputados en la Cámara Baja, resolvió suspender la separación de la bancada oficialista por el impacto que implicó el fallido magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también porque «existe una vía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados, principal demanda del FPG al Gobierno Nacional».

Con esta decisión el espacio liderado por Juan Grabois confirmó que hay avances en la negociación que llevan adelante para que el Ejecutivo aplique una medida económica destinada a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. El reclamo original es la implementación de un Salario Básico Universal y la senadora Juliana Di Tullio impulsó en respuesta a ese planteo un proyecto para crear un ingreso complementario para las personas por debajo de la línea de indigencia. Esas chances parecían estancadas ante la dificultad del oficialismo para transformar en ley esa iniciativa. Por eso los integrantes del FPG pedían una medida del Ejecutivo para evitar que se demorara una respuesta ante la crisis, pero el pronunciamiento de este domingo aumenta los interrogantes sobre el anuncio de un nuevo proyecto o un nuevo impulso a la iniciativa de Di Tullio.

La decisión fue adopada por el Congreso Federal que reunió delegados de las 23 provincias y, según indicaron en un comunicado, «el espacio político discutió sobre el cambio cualitativo en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, siendo esa la razón principal para suspender la definición de un egreso de la bancada oficialista».

En el encuentro participaron Juan Grabois, los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, la legisladora porteña Ofelia Fernández además de los concejales y concejalas que responden a dicha fuerza.

El Congreso del FPG se realizó en el Centro Cultural Paco Urondo de la Ciudad de Buenos Aires y fue convocado hace 10 días para resolver la permanencia de los legisladores del espacio dentro de las bancadas del oficialismo en la Cámara Baja, pero también en las legislaturas de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Ante la ausencia de respuestas del Ejecutivo tenían previsto anunciar la separación de los espacios como una expresión de desacuerdo por la ausencia de políticas sociales destinadas a los sectores más humildes de la sociedad.

Las negociaciones con el Gobierno llevan más de un mes y la semana pasada Grabois anunció que los legisladores se iban a separar de los bloques del FdT porque se habían cansado de esperar una respuesta. Los dardos estuvieron dirigidos al ministro de Economía, Sergio Massa, que hasta entonces no había dado dado ninguna señal concreta. Este domingo los representantes de esa organización volvieron a hablar de «la sanción» de una importante medida. Esto implica que el oficialismo esta analizando darle más fuerza al tratamiento del proyecto de Di Tullio en el Senado y sumar los apoyos necesarios para transformarlo en ley en Diputados, donde el oficialismo no tiene cuórum propio y debe tejer intrincados acuerdos para sumar los votos que le faltan.

CFK, Plan Federal y agenda con Wado De Pedro

Sobre el atentado contra la vicepresidenta los delegados de cada provincia acordaron «exhortar al gobierno federal a cuidar a su máxima dirigente y garantizar una investigación seria».

También informaron que «teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, el FPG se propone trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política». Existe una razón de peso para esta nueva iniciativa porque «naturalizar la violencia siempre es en perjuicio de la Nación y particularmente de los más vulnerables».

El FPG también decidió «enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK, reafirmando su alianza con la ex presidenta, principal líder del movimiento nacional popular». Para cumplir con esta medida definieron «acciones en todos sus campos de intervención política entre los que se encuentran las movilizaciones callejeras, cuerpos legislativos, universidades y organizaciones sectoriales».

Por otro lado anunciaron que relanzarán actividades «en todas las provincias del país tendientes a la construcción participativa del Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal». Hasta ahora ya lo hicieron en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca junto al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.

Otra de los acuerdos fue rechazar «el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional» y reafirmar «su compromiso prioritario con los humildes, planteando la necesidad de sostener al interior del Frente de Todos el respeto a la principal cláusula del contrato electoral de la coalición gobernante: empezar por los últimos para llegar a todos».