El gobierno nacional aceptó la renuncia presentada por el juez federal Carlos Rozanski, quien se jubilará luego de las presiones que sufrió por el gobierno nacional con el avance de un juicio político en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado fue una figura clave en los juicios por delitos de lesa humanidad: como titular del Tribunal Oral Federal 1 de La PLata fue quien inició el primer juicio por crímenes de la dictadura tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que condenó al genocida Miguel Etchecolatz.
«Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2016, la renuncia presentada por el señor doctor Carlos Alberto Rozanski al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires», dispuso el presidente Mauricio Macri en el Decreto 1143/2016 publicado en el Boletín Oficial.
Al conocerse la noticia de su renuncia, días atrás, su abogado, el constitucionalista Eduardo Barcesat explicó a Tiempo las razones de su salida del Poder Judicial.
Renunció porque le salió su jubilación, dijo Barcesat y completó: Ya había comenzado el trámite de jubilación y finalmente le salió. Y ya cumplido con exceso su labor y por la fatiga moral por las circunstancias que se conocen, se acogió al beneficio jubilatorio.
El abogado precisó que la dimisión tornará abstracto el sumario administrativo disciplinario pero aclaró que la denuncia que el juez realizó contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura va a seguir en pie porque es un delito de acción pública. Y apuntaló: Proseguimos la querella contra el elenco de infames, que encabeza la abogada Adriana Donato.
Rozanski estaba siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por el supuesto destrato a sus empleados, acoso moral, entre otras acusaciones, a partir de una vieja denuncia de Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La denuncia fue revivida por el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Juan Bautista Mahiques, este año. Lo mismo ocurrió con otros jueces que el macrismo intenta destituir, Eduardo Freiler y Daniel Rafecas.
El magistrado había recibido el apoyo de organismos de derechos humanos que presentaron un «amicus curiae» ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
En una entrevista realizada por Tiempo, el juez platense dijo que el impulso a esa acusación luego del cambio de gobierno busca frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad para que no avancen sobre sectores que son de la sociedad civil y empresarial.
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