Los graves acontecimientos parlamentarios y represivos del 18 de diciembre no torcieron la agenda del presidente Mauricio Macri. Tanto es así que luego de jugar al paddle en la residencia de Olivos, arribó a Casa Rosada poco antes de las 15 horas. Hasta allí llegaba el eco de los escopetazos y la humareda de las bombas lacrimógenas que estallaban en la Avenida de Mayo. Pero él, ajeno a esas circunstancias, recibía en su despacho –tal como informó Tiempo aquel día– a los directivos locales el grupo franco-suizo LafargeHolcim, la mayor cementera del mundo. Los visitantes traían una buena noticia: la inversión de 120 millones de dólares para ampliar su planta en Córdoba. Sin ninguna duda se trata de una empresa que apuesta por la «nueva» Argentina. Pero Macri no puede ignorar que –según la Justicia francesa– LafargeHolcim es también una corporación que financia el terrorismo yihadista.

Un tribunal de París acababa de procesar a los principales ejecutivos del grupo –su presidente, Bruno Lafont; su vice, Christian Herrault; y su director general, Eric Olsen– por el pago de sumas millonarias entre 2011 y 2015 a la milicia fundamentalista Estado Islámico (ISIS), además de comprarle petróleo y colaborar en la construcción de sus fortificaciones, con el fin de mantener en funcionamiento su planta cementera en Jalabiya, al noroeste de Siria, en plena guerra civil y pese al embargo de la Unión Europea.

El tal Olsen no es un desconocido para Macri. De hecho, ambos solían reunirse con frecuencia, como –por ejemplo– el 26 de mayo de 2016, cuando el CEO de LafargeHolcim acudió a la Rosada para acordar la participación del grupo en obras de infraestructura que planeaba realizar el gobierno en todo el país. Tales proyectos aún siguen en pie a pesar de este «problemita».

Los socios del silencio

El asunto saltó a la luz por un artículo publicado el 21 de junio de 2016 en el diario Le Monde. Y ubicaba su inicio en 2011, cuando la guerra en Siria hizo que las grandes empresas europeas abandonaran el país. No fue el caso de Lafarge –aún no fusionada con la suiza Holcim–, dispuesta a no perder los 700 millones de dólares invertidos en su fábrica de Jalabiya.

Es allí donde entra a tallar la figura de monsieur Jean-Claude Veillard, su jefe de seguridad. Aquel hombre, un exagente de inteligencia vinculado al ultraderechista Frente Nacional, fue quien negoció la inmunidad territorial de Lafarge, primero con el Frente Al-Nusra (la sección siria de Al Qaeda) y luego con el ISIS. El trato fue fructífero.
De modo que desde entonces Lafarge tributó alrededor de 13 millones a tales milicias para mantener en condiciones pacíficas la actividad de la planta, garantizar su aprovisionamiento y la circulación del personal. La otra parte del pacto establecía la compra de petróleo a destilerías bajo el control del ISIS por sumas aun no precisadas por la Justicia, cuyos registros en los libros contables de París fueron realizados con facturas falsas.

También se estima que Lafarge habría proporcionado cierta parte de su producción cementera en Jalabiya –unas seis millones de toneladas– para que los yihadistas edificaran una línea de fortificaciones subterráneas que dividió el territorio sirio en dos. Esa arquitectura secreta fue clave para la expansión del ISIS en el conflicto.

Recién entre noviembre de 2015 y los primeros meses del año siguiente la aviación rusa, por orden de Vladimir Putin –en apoyo al régimen de Bashar al-Asad–, pulverizó tales bunkers con bombas penetrantes.

A su vez, Francia –que con Estados Unidos e Inglaterra anhela la caída del presidente sirio– bombardeaba las posiciones de ISIS tras los atentados del 13 de noviembre en París.

Por entonces, Lafarge ya hacía un año que había cerrado la fábrica de Jalabiya, abandonando a sus trabajadores. Muchos fueron asesinados. Pero la compañía –ya fusionada con Holcim– siguió financiando a los yihadistas hasta casi 2016 con la anuencia, claro, de sus más altos directivos.
La pregunta es: ¿hasta qué punto en el Palacio del Elíseo –ocupado por el socialista François Hollande– se sabía sobre los negocios de LafargeHolcim con el terrorismo islámico?

El eco de los escopetazos

Cuatro meses después, el CEO Olsen se acomodaba en un sillón de la Rosada, a un metro del asiento de Macri. Se trataban como dos viejos conocidos. Allí también estaba el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el mandamás de la filial argentina, Ubaldo Aguirre, y otros dos ejecutivos. Primero hablaron de los «nuevos desafíos en la región». Luego, de «inversiones».

Veinticinco días más tarde Le Monde haría explotar el affaire sirio de LafargeHolcim, con Olsen a la cabeza. Él y Macri volvieron a verse el 3 julio de 2016 en París, durante el viaje oficial de este último a Francia. Al parecer, Olsen no se mostraba preocupado por el escándalo en cuestión.

Todo indicaría que aquel hombre mantuvo su «paz interior» durante un tiempo prolongado. Incluso, su siguiente salto a las tapas de la prensa mundial fue por un motivo ajeno al lazo espurio que lo unía con el ISIS: el 16 de marzo de 2017 Olsen hizo pública la candidatura de LafargeHolcim para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Otro proyecto humanitario. Pero, de pronto, en abril presentó su renuncia después de que la empresa se viera obligada a reconocer su apoyo económico a los yihadistas.

Los efectos políticos y judiciales del asunto se tornaban imparables. Por lo pronto, exhibía el lado oscuro de la «guerra contra el terror» emprendida por Francia y sus aliados en la OTAN, al ser precisamente una de sus empresas líderes el sostén financiero de una milicia terrorista que efectuó atentados en aquel país y en toda Europa. ¿Acaso Olsen y los suyos actuaron así por una ambición industrial o fueron el medio utilizado por la coalición internacional para mantener a flote una fuerza beligerante afín a su anhelo por derrocar el régimen de al-Asad?

Sea como fuere, los acontecimientos para Olsen y sus dos jefes directos –el presidente corporativo Lafont y su vice, Herrault– se precipitaron el 6 de diciembre al quedar bajo arresto en París. Dos días después fueron procesados por «financiamiento de una entidad terrorista» y «poner en peligro la vida de terceros», antes de obtener la libertad bajo control judicial.

Última escena de esta historia: Macri en un sillón de su despacho, junto al señor Aguirre, el CEO local de LafargeHolcim; también estaba la gerente de Relaciones Públicas, María Daghero; y el ministro Cabrera. Hablaban de inversiones. Hasta allí llegaba el sonido de los escopetazos policiales contra la multitud. Era la tarde del 18 de diciembre. «