El Gobierno derogará los tres decretos electorales impulsados por el presidente Mauricio Macri que intentaron habilitar el voto por correo postal de los argentinos residentes en el exterior, así como el sufragio anticipado de las personas privadas de su libertad con prisión preventiva y del Comando Nacional Electoral, es decir, el personal de seguridad que trabaja en la operatividad de la elección.
Desde el Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro, argumentaron que esos decretos, que fueron judicializados, son inconstitucionales y contradicen la legislación electoral argentina.
Los decretos reglamentarios 45, 54 y 55, impulsados a comienzos de 2019 por la administración Macri desataron presentaciones en la justicia electoral por parte del Frente Renovador, el kirchernismo y el PJ. El caso llegó hasta la Corte Suprema.
Más allá de la resolución judicial, las normas electorales macristas dejarán de tener efecto luego de que se publiquen dos decretos simples, por separado, en los próximos días.
«El corazón de la postura es que cualquier intento de modificar el proceso tiene que pasar por el congreso, y Argentina no tiene habilitado el voto anticipado”, dijo en diálogo con periodistas, en Casa Rosada, la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, a cargo del desarrollo legal de la derogación. Desde su área aseguran que las normas electorales impulsadas por Macri en 2019 “no se ajustan a derecho”.
En la legislación argentina electoral los procesados con prisión preventiva podían votar con boleta única el día de las elecciones, mientras que los agentes de seguridad estaban habilitados para emitir su voto en el centro que les tocara custodiar. El decreto de 2019 los habilitó para sufragar entre 7 y 12 días antes de la fecha de las elecciones. Pero el régimen de votación anticipado no está contemplado en ningún caso en las leyes electorales argentinas.
Con respecto a los argentinos residentes en el exterior, volverán a votar exclusivamente de manera presencial.
