Así se desprende de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y virtual jefe de la Policía de la Ciudad tras la caída en desgracia de José Potocar. El funcionario alegó que no resulta conveniente dar precisiones sobre quién empuñará las cuestionadas armas ni en qué circunstancias.
Luego de varias idas y vueltas, D´Alessandro emitió una resolución en la que especifica que no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial.
Tal como informó Tiempo en la edición del domingo 15 de abril, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé gastar 127 millones y medio de pesos de acuerdo al proceso de compra 2900-1398-LPU16 denominado Adquisición de equipamiento antidisturbio que contempla abastecer a la flamante policía porteña con 1600 cascos, máscaras antigases, escudos antidisturbios y protectores de poliamida para todo el cuerpo (hombros, espalda, clavícula, brazos, antebrazos, codos, muslos, rodillas, tibias, empeines y tobillos); además, 2900 filtros antigases que actúan contra polvos, gases, bacterias, virus, gases lacrimógenos y agentes químicos, biológicos y radiológicos.
Pero lo que más inquietó a los organismos de Derechos Humanos y a algunos legisladores opositores fue la compra de una importante cantidad de «less lethal weapons» o «armas menos letales» como carabinas y lanzadores calibre 68 «para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos» que dispararán postas de pintura, goma y gas pimienta.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), había presentado a principios de febrero, un pedido de informe para que el Ejecutivo precise el uso específico para el cual están destinadas estas armas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará y cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas.
El Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos, explicaron en un comunicado desde el ODH.
Como si fuera poco, aún no se sabe qué empresas pujaron por quedarse con el negocio, o si directamente alguna ya se adjudicó la licitación, dado que los plazos están vencidos. En principio, el 24 de febrero se realizó la apertura de los sobres con las propuestas, pero por razones que se desconocen la página web de la Ciudad dejó de informar la suerte del expediente.
