El gobierno trabaja en una reforma de la Ley Antiterrorista

Este miércoles, durante una visita oficial a la ciudad de San Carlos de Bariloche, el ministro de Justicia Germán Garavano confirmó que el gobierno pretende reformar la Ley Antiterrorista. «Sí, se piensa. La ley antiterrorista fue una ley en su momento muy criticada y dictada de apuro por el gobierno anterior. Es un tema con el que hay que avanzar. Probablemente muchas cosas se incluyan en el Código Penal, pero lo estamos evaluando, con lo cual a lo mejor no haga falta esa ley, pero lo estamos estudiando, porque la comisión no sólo analiza la experiencia chilena, sino que tiene una mirada amplia», detalló el funcionario poco antes de encabezar una presentación del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia para lanzar una nueva «base de datos online» que reúne todos los pedidos de captura de personas «en cualquiera de las seis provincias» de la región.

Los tiempos para cambiar esa norma giran en torno a la realización de la cumbre del G-20 a fin de año. Sin embargo, la última vez que el gobierno se amparó en la Ley Antiterrorista, 26.734, que ahora busca reformar, fue durante el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel durante la tarde del 25 de noviembre pasado, cuando los efectivos del grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, fueron enviados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para «rastrillar» el terreno que estaba ocupado a orillas del Lago Mascardi por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que había recuperado el lugar 24 horas después de un desalojo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva. Los efectivos dispararon con balas de plomo. La cartera que conduce Patricia Bullrich sostiene que se trató de un enfrentamiento, mientras sus funcionarios aguardan el resultado final de las pericias en marcha y los abogados querellantes guardan silencio. La orden para movilizar a los efectivos de Prefectura no la dio el juez, sino la cartera de Seguridad dentro del esquema operativo del Comando Unificado creado por el gobierno para garantizar la custodia de todos los eventos vinculados a la cumbre del G-20. Este diario reveló que la misma argumentación forma parte de otra resolución que Seguridad pretendía aplicar para desalojar en forma definitiva a la comunidad que continúa en el mismo lugar. El objetivo de la decisión, que desconocía por completo la intervención del juez, se amparaba en la aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada en 2011, que desde entonces impone cambios en la aplicación del Código Penal. Siete años después de su promulgación, la administración de Cambiemos busca corregir parte de su articulado, mientras la Comisión de Reforma del Código Penal define la tipificación del delito de «terrorismo» para introducirla dentro del proyecto que ese organismo diseña para presentarlo en el Congreso. De esa discusión (y de la negociación que afronte el oficialismo con la oposición) depende la arquitectura del nuevo Código Penal, pero también de los cambios que el Ejecutivo impulse para reformar la ley antiterrorista. El problema son los tiempos, los números de Cambiemos dentro de las Cámaras de Diputados y Senadores, y la cuenta regresiva previa a la cumbre de noviembre.

Caja de herramientas

Hasta que esa discusión política y técnica se salde, el gobierno seguirá echando mano al artículo tercero de esa ley. Ante las consultas de este diario, fuentes de la Casa Rosada explicaron que «en su momento se habló» de contar con la reforma antes de la cumbre internacional, pero se negaron a confirmar que «finalmente será así». Hasta que los cambios impacten en la ley, su artículo 3 establece que «cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
La Comisión para la Reforma del Código Penal está encabezada por el juez Mariano Borinsky, miembro de la Cámara de la Casación Penal y e integrada, entre otros, por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques y la jueza Patricia Marcela Llerena. La última vez que analizaron la definición de «terrorismo» y dónde aplicarlo fue el pasado 28 de febrero dentro del Ministerio de Justicia.

«La tipificación de Terrorismo en la que se trabaja, contendrá una gama de delitos realizados con la finalidad de aterrorizar a la población, u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Para estos casos se prevén penas de prisión que irán, desde la perpetua, hasta la elevación en el doble del mínimo y en el doble del máximo, de la escala del delito de que se trate», informó Justicia luego de esa reunión. El debate gira en torno a un punto que actualmente está dentro de la ley, aunque los cambios en danza también prevén un tipo especial de organización criminal terrorista, el agrupamiento, la incitación, el reclutamiento, el acogimiento, y al «lobo solitario», entre otras conductas.«

Reunión del comando unificado

Antes de oficializar la intención de reformar la Ley Antiterrorista, el ministro Germán Garavano revindicó el trabajo del Comando Unificado de la Patagonia, compuesto por las cuatro fuerzas federales y de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La última vez que se reunieron fue en Bariloche el 27 de enero. Uno de los funcionarios que participó de ese encuentro explicó a Tiempo que el tema principal giró el torno a la persecución del narcotráfico, pero se habló del conflicto mapuche y de la organización RAM. Uno de los insumos para esa reunión fue el informe elaborado el año pasado por Seguridad y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut donde aparece un centenar de investigaciones penales instruidas por los jueces provinciales. Sin mencionar el informe, Garavano habló del tema: «No sólo es un tema de seguridad sino de integración, hay avance en los dos aspectos, tanto de aquellas personas que violan la ley, porque no hay ninguna excusa para violarla, pero también la sociedad y el Estado tienen una deuda con las comunidades originarias que tienen que ser abordadas desde una problemática de derechos», arengó.