Organismos de derechos humanos y la Asociación Judicial Bonaerense rechazan que se premie a Julio Cassanello, juez de la Cámara Civil y Comercial de Quilmes.
Cassanello fue intendente de Quilmes entre 1979 y 1982. Fue designado por decreto del Poder Ejecutivo, con la firma del general de brigada y gobernador de facto Ibérico Manuel Saint Jean. «Es inexplicable que este tipo sea juez», se asombró Walter Ormazabal del Centro Paulo Freire y parte del Colectivo. «Lo que exigimos es que más que un reconocimiento lo que tenga es un repudio», agregó.
En un encuentro que realizó el viernes en el espacio de memoria Pozo de Quilmes, el Colectivo la AJB d Quilmes, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la APDH, la CTA y concejales del Polo Social y Unidad Ciudadana, entre otros, coincidieron en solicitar al Concejo Deliberante de Quilmes que en su sesión del 6 de noviembre repudie la distinción al interventor del poder ejecutivo local durante el genocidio en Quilmes.
Lo mismo lepedirán a los integrantes de la corte Suprema de Justicia Bonaerense. El reconocimiento, previsto para el 15 de noviembre, es un ritual cotidiano que en el caso galardonará a un integrante de la dictadura cívico militar.
Durante el Terrorismo de Estado, en el distrito que comandaba funcionó el Pozo de Quilmes, un centro clandestino de detención y maternidad clandestina que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la policía local por el que se estima que pasaron más de 250 detenidos desaparecidos y fue engranaje del Plan Cóndor. Recientemente ese espacio fue entregado parcialmente al Colectivo y la Comisión por la Memoria para ser convertido en sitio de memoria.
En 2011 la AJB de Quilmes junto a organismos de Derechos Humanos había iniciado un pedido de jury contra Cassanello por su complicidad con la dictadura. Entonces, el magistrado anunció su intención de jubilarse y el intento de correrlo del cargo se disipó. Pero siguió atornillado a su asiento.
En 2008, su pasado le jugó una mala pasada: luego que se conociera su complicidad con la dictadura tuvo que renunciar al Comité Olímpico Argentino (COA), que presidía desde 2005.
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