A punto de cumplir 75 años, edad máxima que establece la Constitución Nacional para los jueces federales, Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia este lunes ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

Con su salida, que se hará efectiva en los próximos días, deja vacante dos juzgados federales de Comodoro Py, el juzgado 6, del que era titular, y el 12, que subrogaba tras la salida de Sergio Torres a la Corte Suprema Bonaerense. A esto se suma la vacancia del juzgado federal 11 por la muerte de Claudio Bonadio.

«Estoy hastiado de los últimos 4 años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos. Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente», declaró este martes en diálogo con El Destape Radio. 

“Los medios han tenido contacto con agencias gubernamentales que haciendo uso de la facultad de entrar a determinados organismos con información secreta se la daban a este grupo de tareas. Recibían información secreta del macrismo y operaban con eso. Cuando se hace uso de información secreta y reservada y se la suministra a determinadas personas para que operen son tareas de inteligencia», señaló y agregó: «Yo no tuve una relación especial con la SIDE, a pesar de que me critican haber sobreseído a (Gustavo) Arribas».

Canicoba Corral lleva 27 años como juez federal. Ingresó en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem. Desde su entorno indicaron que en su texto de renuncia aludió al «hastío» de haber estado sometido los últimos cuatro años a una «feroz campaña de difamación político/mediática».

El magistrado tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a la evolución de su patrimonio y su desempeño en causas judiciales.

Una de sus últimas medidas resonantes fue la citación a declaración indagatoria a dos ex ministros del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte) en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional.

También llevaba otra causa vinculada al anterior gobierno: sobre una red de espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial, entre ellos miembros del fuero federal y de la Corte Suprema, a quienes seguían en sus ingresos y egresos del país. El propio juez aparecía entre las víctimas de este espionaje.

Desde 2003, el magistrado tenía a su cargo la causa por el atetado a la AMIA, del que en pocos días se cumplen 26 años. «La causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios», sostuvo este martes y destacó que, si bien se dijo que la Cámara Federal porteño le había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA, eso es «es falso». «Ni me menciona, todos saben que esa investigación la tiene delegada la UFI AMIA». 

«Yo resolví que el Memorandum con Irán no era inconstitucional, que no era una cuestión de amparo, y aclaré que el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas era yo», recordó este martes en diálogo con El Destape Radio y agregó: «Había intención de los iraníes de dejar sin efecto la alertas rojas, pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo». 

Siempre polémico, en 2017 se  refirió a las operaciones políticas y mediáticas a través de la Justicia. “Si Comodoro Py cerrara, muchos periodistas se quedarían sin trabajo. Se creen que los Tribunales son una usina de noticias, como si fuese el Congreso”, sostuvo en diálogo con FM La Patriada, y criticó a algunos de sus colegas: “Hay noticias que se sostienen días y días sin nuevos aportes. Más que noticia es una campaña”. Y sostuvo que “hay jueces que se dejan llevar por esta lógica”.

Ese mismo año, el magistrado sobreseyó en tiempo record a Gustavo Arribas en una causa por dinero recibido por Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos del caso Lava Jato brasileño. Sólo tres meses duró el expediente a pesar de la insistencia del fiscal Federico Delgado de profundizar la investigación.