Mientras acusa de opositores a los jueces que obstaculizan sus planes o llevan causas comprometedoras para alguno de sus miembros, el macrismo busca colocar a dos magistrados bien propios en un lugar estratégico. Es el caso de Santiago Otamendi, segundo al mando en el Ministerio de Justicia de la Nación, y de Marcela De Langhe, directora del instituto que forma a la policía porteña, a quienes Horacio Rodríguez Larreta, con el aval del presidente Mauricio Macri, postuló para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). Se trata de dos funcionaros de alto rango de Cambiemos, que incluso participan de timbreos y otras actividades partidarias, y que están a punto de llegar a la máxima autoridad judicial del distrito. Con currículums que no desbordan trayectoria, la extrema confianza con el Poder Ejecutivo se impone como dato clave.

Hasta el 10 de abril, sus pliegos podrán recibir adhesiones e impugnaciones, y luego serán girados a la Legislatura, con el objetivo de ocupar los sillones que a fines de 2018 dejaron vacantes Ana María Conde y José Osvaldo Casás.

El socio militante

Otamendi es secretario de Justicia en el ministerio que encabeza Germán Garavano, a quien acompaña desde hace años, y su candidatura al TSJ constituye otro capítulo de una exitosa sociedad. Fundaron en 2002 un estudio jurídico, ambos pasaron por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y con Garavano como fiscal general porteño, su amigo fue, entre 2012 y 2104, secretario de Acceso a la Justicia y DD HH. Cuando Macri llegó a la Rosada, ellos lo hicieron al Gabinete nacional.

Además, han sabido compartir jornadas de timbreo, verdadero sello del marketing PRO. El propio Garavano lo difundió en Twitter, con fotos de Otamendi, vecinos y otros dirigentes del oficialismo, y los hashtags #CambiandoJuntos y #TimbreoNacional. Difícil saber cómo estas muestras de militancia comulgan con la “independencia de criterio del candidato” que exige el decreto 381/12, por el cual se aprobó el reglamento para la propuesta de jueces al TSJ.

Otamendi también compartió con Garavano una denuncia penal por supuesto encubrimiento en favor de Eamon Mullen y José Barbaccia, exfiscales de la causa AMIA señalados por entorpecer esa investigación. Los denunció en 2018 Mario Cimadevilla, que dirigió la Unidad Especial AMIA hasta que Cambiemos la cerró en marzo de ese año. Junto a otros funcionarios, los responsabilizó por “entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para alguno de los acusados”, en alusión al blindaje sobre Mullen y Barbaccia. La causa terminó en manos del juez Luis Rodríguez, que la cerró cuando el fiscal Carlos Rívolo desestimó el caso.

Una acusación similar había hecho Elisa Carrió un año antes, luego de que su abogada de confianza, Mariana Stilman, dejara la querella. El hecho fogueó la enemistad entre Lilita y Garavano, que se extendió a Otamendi. Sin embargo, la chaqueña no se opondrá a su ascenso. Primó el pragmatismo.

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Flojos de papeles

Egresado de la UCA, la formación académica de Otamendi no va mucho más allá del título de abogado que obtuvo en 1990. Cursó una “Actualización en Derecho Penal” en 1999 y un programa en “Administración y Modernización Judicial” en 2006. No hay un doctorado o una maestría, ni siquiera en proceso de tesis.

Inició su carrera judicial en 1988, como auxiliar en el departamento de San Isidro, y en 2005 llegó a juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, cargo que conserva en uso de licencia. Entre 2016 y 2018, ya en la cartera de Justicia, encabezó el Grupo de Acción Financiera Internacional.

En el plano docente tampoco hay mucho para mostrar. En la UCA fue coordinador y profesor adjunto, y en la Facultad de Derecho de la UBA sólo figura como “profesor invitado” desde 2012, en un curso de actualización sobre lavado. En cuanto a sus publicaciones, no posee producción estrictamente propia, sino direcciones, coautorías y coordinaciones.

Algo similar ocurre con De Langhe, la otra candidata. Nacida en Chaco, desde 2003 es camarista en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, y en 2011 el PRO la eligió para conducir el Instituto Superior de Seguridad Púbica (ISSP), encargado de formar a la policía local.

De Langhe tampoco es doctora ni magister, aunque es alumna de la Universidad del Salvador en un doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, y proyecta una tesis sobre “Sistema Acusatorio Constitucional”. En la docencia, no es titular de cátedra, pero sí profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho de la UBA (en su CV menciona un concurso de 2000). En cuanto a las publicaciones, casi nada exclusivo, mayoría de comentarios, artículos y libros en colaboración, dirección o coordinación.

En las redes sociales hay viejas fotos suyas compartiendo un brindis del ISSP con Carolina Stanley, Esteban Bullrich y Guillermo Montenegro, o dando una charla organizadas por los Jóvenes PRO con vecinos de Lanús.

Si Otamendi es la línea nacional, De Langhe es la apuesta de Daniel Angelici, presidente de Boca y hábil operador judicial; del radicalismo aliado y del espacio de Martín Lousteau. El apoyo del bloque Evolución es clave: sus votos en la Legislatura, sumados a los 34 del oficialismo, acercarán a Rodríguez Larreta los 40 que necesita para ungir a sus candidatos, completar el TSJ e inclinar la relación de fuerzas por completo a su favor. «


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Más poder para el tribunal

El Tribunal Superior (TSJ) de la Ciudad acaba de sumar nuevas atribuciones como máxima autoridad local en la materia. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, que ya no intervendrá en la resolución de conflictos de competencia entre jueces nacionales y magistrados porteños. Con el voto de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti –el presidente Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco se expresaron en disidencia–, la Corte sostuvo que esa tarea corresponde al TSJ.

La decisión es parte del proceso de transferencia de competencias que, a cuentagotas, se viene dando desde que el distrito obtuvo su autonomía en 1994, y pone más poder en manos del cuerpo que hoy integran Inés Weinberg, Luis Lozano y Alicia Ruiz, y al que podrían sumarse Santiago Otamendi y Marcela De Langhe.

Maqueda, Lorenzetti y Rosatti consideraron que “si desde 1996 la Ciudad tiene un Tribunal Superior, entonces su intervención para resolver conflictos entre jueces no federales que ejercen jurisdicción en la Ciudad hace al correcto funcionamiento del federalismo”. Los magistrados también se quejaron de que la Nación y el gobierno porteño apenas avanzaron en el traspaso de ciertas y limitadas competencias penales. Hoy, los tribunales de la Ciudad sólo intervienen en materia contenciosa administrativa y tributaria, contravencional, de faltas y en determinados delitos.