El mismo tribunal que le prohibió a la jueza María Servini que revisara todas las comunicaciones telefónicas de Mauricio Macri cuando fue presidente por “desmedido o desproporcionado” había autorizado una medida idéntica pero por el doble de tiempo sobre Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Cuadernos.

Así se desprende de documentación a la que accedió Tiempo, que fue presentada en la apelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa contra el fallo de la Cámara Federal porteña que acotó la investigación de Servini sobre una supuesta maniobra para perjudicar al Grupo Indalo y apropiarse de sus empresas.

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Servini había pedido un entrecruzamiento de comunicaciones  desde el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019, de Mauricio Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini y Orlando Terranova, todos integrantes del círculo cercano del ex presidente.

Pero la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, revocó la decisión y ordenó que “se limiten los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos relevantes, según la hipótesis fijada en el caso”.

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“El temperamento ahora adoptado por la Cámara es sorprendente, ya que resulta diametralmente opuesto a lo decidido en otras actuaciones. En el marco del expediente conocido como Causa Cuadernos, el juez Claudio Bonadío pidió que se informaran los registros de llamadas entrantes y salientes y de SMS de los abonados telefónicos vinculados a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner enviados y recibidos durante los ocho años en los que ejerció la Presidencia, encomendando ‘un informe de interlocutor común y de interlocutor frecuente’. Similar constatación se practicó con relación a Fabián de Sousa, Cristóbal López y demás personas imputadas”, recordó el abogado Alberto Beraldi.

Esa medida fue avalada por la Cámara: “los jueces intervinientes -entre ellos, el Dr. Bruglia- convalidaron dicha medida probatoria y ni siquiera insinuaron que pudiera ser desmedida, pese a que abarcaba un lapso de ocho años, es decir, más del doble que el que ahora es calificado como desmedido o desproporcionado”.

“Cuando se investigó a Cristina Fernández de Kirchner, Fabián de Sousa y Cristóbal López, entre muchas otras personas, -insistió la defensa- se consideró que la obtención de registros de llamados y de mensajes enviados y recibidos durante ocho años era una medida perfectamente válida y razonable. En cambio, cuando se investiga a Macri y su ‘Mesa Judicial’, la Cámara argumenta que la obtención de registros de llamados e impactos de celdas por un período de tres años y medio es desproporcionada, sin explicar mínimamente a qué obedece este nuevo estándar”.

Beraldi apeló la limitación a la investigación de Servini ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. “La doble vara con que se miden situaciones análogas es palmaria y, sin lugar a dudas, carece de una explicación jurídica racional”.

El abogado también pidió el apartamiento de Bruglia e Irurzun de la continuidad del expediente.