La Cámara Federal consideró “desproporcionada” la pericia para revisar las comunicaciones del ex presidente durante casi 4 años en la causa que investiga si hubo una persecución judicial contra el Grupo Indalo. La misma Cámara había habilitado un análisis por el doble de tiempo de las llamadas de la ahora vicepresidenta en el marco de la Causa de los Cuadernos.
Así se desprende de documentación a la que accedió Tiempo, que fue presentada en la apelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa contra el fallo de la Cámara Federal porteña que acotó la investigación de Servini sobre una supuesta maniobra para perjudicar al Grupo Indalo y apropiarse de sus empresas.
Servini había pedido un entrecruzamiento de comunicaciones desde el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019, de Mauricio Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini y Orlando Terranova, todos integrantes del círculo cercano del ex presidente.
Pero la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, revocó la decisión y ordenó que “se limiten los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos relevantes, según la hipótesis fijada en el caso”.
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“El temperamento ahora adoptado por la Cámara es sorprendente, ya que resulta diametralmente opuesto a lo decidido en otras actuaciones. En el marco del expediente conocido como Causa Cuadernos, el juez Claudio Bonadío pidió que se informaran los registros de llamadas entrantes y salientes y de SMS de los abonados telefónicos vinculados a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner enviados y recibidos durante los ocho años en los que ejerció la Presidencia, encomendando ‘un informe de interlocutor común y de interlocutor frecuente’. Similar constatación se practicó con relación a Fabián de Sousa, Cristóbal López y demás personas imputadas”, recordó el abogado Alberto Beraldi.
Esa medida fue avalada por la Cámara: “los jueces intervinientes -entre ellos, el Dr. Bruglia- convalidaron dicha medida probatoria y ni siquiera insinuaron que pudiera ser desmedida, pese a que abarcaba un lapso de ocho años, es decir, más del doble que el que ahora es calificado como desmedido o desproporcionado”.
“Cuando se investigó a Cristina Fernández de Kirchner, Fabián de Sousa y Cristóbal López, entre muchas otras personas, -insistió la defensa- se consideró que la obtención de registros de llamados y de mensajes enviados y recibidos durante ocho años era una medida perfectamente válida y razonable. En cambio, cuando se investiga a Macri y su ‘Mesa Judicial’, la Cámara argumenta que la obtención de registros de llamados e impactos de celdas por un período de tres años y medio es desproporcionada, sin explicar mínimamente a qué obedece este nuevo estándar”.
Beraldi apeló la limitación a la investigación de Servini ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. “La doble vara con que se miden situaciones análogas es palmaria y, sin lugar a dudas, carece de una explicación jurídica racional”.
El abogado también pidió el apartamiento de Bruglia e Irurzun de la continuidad del expediente.
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