El interés del presidente Alberto Fernández para debatir en el Congreso la creación de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas podría activar los mecanismos que tiene la Cámara de Diputados con el objetivo de sesionar en medio de la cuarentena. La posibilidad es parte del abanico de opciones que barajan los diputados del Frente de Todos, mientras el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller, reúne distintos proyectos en danza y trabaja en un texto común para implementar un gravamen excepcional destinado a las fortunas más grandes de la Argentina.

Desde el comienzo de la cuarentena el Poder Ejecutivo aplicó distintas medidas económicas mediante decretos de necesidad y urgencia, pero no puede utilizar ese instrumento en materia penal ni tributaria. Para avanzar en cambios fiscales, el tema debe pasar indefectiblemente por las dos cámaras del Congreso. En Diputados existe la posibilidad de hacerlo, dentro de un plan de contingencia que tiene la presidencia de la Cámara, en manos de Sergio Massa, para sesionar en un lugar que permita mantener el distanciamiento de dos metros de cada diputado y que habilite el uso de firma digital para validar el voto de aquellos que no pueden estar presentes por razones sanitarias. La instancia para sesionar en la Cámara Baja se activará sólo a pedido del presidente, pero Massa también tiene «lista una modificación reglamentaria que permite una sesión virtual, con identificación facial con régimen de validación del Registro Nacional de las Personas, que permite dar quórum a distancia, con sistema de claves para loguearse y sistema de voto remoto». Algunas de las medidas que se sumarían al debate del nuevo gravamen incluyen la «eliminación de Impuesto a las Ganancias al personal de servicios esenciales, sistemas de premio a la inversión productiva de quienes traigan la plata del blanqueo y la pongan a producir, un régimen de promoción de impuestos a la construcción de viviendas de hasta 70 metros y un régimen extraordinario de gravamen a capitales especulativos».

La posibilidad comenzó a corporizarse en la conferencia de prensa que ofreció Fernández luego de anunciar la extensión del aislamiento social y obligatorio hasta el 26 de abril inclusive. «Todo es posible, pero ese es un tema que tiene que resolver el Congreso. Estamos en emergencia y tenemos que obtener recursos porque cayó la recaudación «, contestó a una pregunta del periodista Franco Mizrahi, de El Destape. Así, le dio otro calibre a una iniciativa que durante toda la semana fue desestimada sutilmente en las carteras de Producción y de Economía con un argumento de peso. Dicen que atraviesan la cuarentena en medio de tironeos diarios con las grandes empresas que amenazan con suspender o despedir trabajadores, o pagarles una parte del salario.

En Casa Rosada admiten que un nuevo impuesto podría aumentar la tensión, pero recuerdan que la merma en la recaudación por la crisis exige nuevos enfoques, como los que aplican Alemania, Francia, España o Estados Unidos, que ya dedican entre el 5 y el 15% de sus Productos Brutos Internos para afrontar las consecuencias de la pandemia. En el Congreso, los oficialistas recuerdan que la Argentina hasta ahora sólo ha destinado tres puntos de su PBI.

Desde el Frente de Todos aseguran que hay condiciones para negociar acuerdos con sectores de la oposición y «empoderar al Ejecutivo» con una nueva herramienta fiscal que podrá aplicar cuando lo considere necesario, a partir de la reglamentación. En el pasado reciente de la Cámara Baja hay dos fotos políticas de esos acuerdos. En diciembre,  el oficialismo obtuvo la media sanción de la Ley de Emergencia Económica sin los votos de Cambiemos, pero con el apoyo de los minibloques que reúnen 18 votos, como los de Consenso Federal, Córdoba Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. Esa escena, compuesta por votos oficialistas, del lavagnismo y bloques menores, difiere de la votación casi unánime del proyecto de ley que autorizó la renegociación de la deuda externa en febrero y que sumó 99 de los 116 votos que posee el interbloque compuesto por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Al cierre de esta edición, el oficialismo concluyó la dispersión de proyectos en danza. Este sábado, el diputado y dirigente de la CTA Hugo Yasky anunció que le envió a Heller el borrador del «Impuesto Patria», preparado a partir del trabajo realizado por los especialistas del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) que pertenece a esa central sindical. Ingresó esta semana a Diputados con la firma de legisladores vinculados al sector sindical, pero fue retirado para posibilitar la redacción de un texto único.

Apenas circuló ese borrador, en el interbloque de Cambiemos hubo posiciones dispares. El radicalismo, a través del misionero Luis Pastori, recordó que planteaba dos casos de doble imposición que naufragarían por inconstitucionales y que afectaban a la clase media. Este sábado, Heller explicó que el proyecto que prepara «no tiene nada que ver con la clase media, ni con los comerciantes chicos, ni nada que se le parezca», sino que busca «alcanzar sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza», porque «siempre estuvo pensado para las grandes riquezas, las grandes ganancias, los grandes patrimonios. Nadie va a ser menos millonario después de que tenga que hacer ese aporte», anticipó.

La precisión podría captar voluntades opositoras, pero en el PRO no piensan lo mismo. El diputado y vice primero de la Cámara, Álvaro González, aseguró que un nuevo impuesto sería «cazar en un zoológico». «En este momento afrontamos lo sanitario con un criterio de unidad entre oficialismo y oposición, ahora que el gobierno está viendo cómo aumentar la recaudación estaría bueno que afrontara lo económico con el mismo espíritu. La decisión es de ellos: o solos o acompañados, porque tanto ellos como nosotros tenemos ultras», disparó en diálogo con Tiempo.

Yasky le explicó a este diario que la idea es reunir 2500 millones de dólares a partir de un tributo excepcional, por única vez, sobre el 0,009% de las personas jurídicas. «En ninguno de los casos llega al 1% y tomamos como base el cálculo sobre las 50 fortunas personales más grandes de la Argentina, según la revista Forbes, pero en las declaraciones de bienes personales ante la Afip, sus declaraciones son menores, por eso pensamos en gravar a empresas, pero también es parte del análisis que estamos haciendo», detalló.