Con el desembarco del titular de la Corte, Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura, el oficialismo pondrá en marcha una nueva ofensiva en las dos cámaras del Congreso. Mientras comienza en el Senado el debate en comisiones del proyecto del Frente de Todos para ampliar la cantidad de integrantes  al máximo tribunal, el oficialismo comenzará a explorar el camino en Diputados para continuar con el tratamiento de la media sanción que le dio el Senado al texto enviado por el Ejecutivo para llevar la composición del organismo a 17 consejeros.

Ese derrotero quedó en veremos desde la semana pasada, cuando venció el fallo de la Corte que le dio cuatro meses al Congreso para sancionar una nueva ley, luego de haber declarado la inconstitucionalidad de la composición de 13 miembros con que funcionó desde 2006, a partir de una ley que derogó la norma originaria de 1997, que estableció una composición de 20 con la presidencia del titular de la Corte. El plazo venció el viernes pasado y cuando se cumplió la primera semana de ese proceso, el oficialismo envió señales para explorar una negociación en Diputados, para introducirle cambios al proyecto aprobado en el Senado. El gesto fue lanzado luego del acatamiento del fallo de la Corte por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.

Ese capítulo seguirá en plena controversia judicial porque el oficialismo cumplió la decisión de la Corte de nombrar a los consejeros por la segunda minoría para completar la veintena, pero lo hizo a su manera. La semana arrancó con la audaz decisión de CFK de desdoblar el bloque de 35 voluntades en dos espacios de 21 y 14 escaños, para evitar la jura de Luis Juez en representación del PRO, como segunda minoría. En su lugar impulsó al camporista Martín Doñate, que ya fue impugnado ante la Justicia por Juntos por el Cambio, cuyos integrantes buscarán judicializar la decisión política del panperonismo en el Senado de subdividirse en dos bloques. Massa aceptó nombrar a la radical Roxana Reyes por la segunda minoría de la Cámara Baja, pero la decisión fue impugnada por el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez. Este viernes presentó un amparo contra la decisión de Massa porque considera que su espacio, que controla la mayoría, quedará subrepresentado a partir de una interpretación arbitraria de la UCR de reclamar la «segunda minoría», cuando en 2018 lo había hecho por la «primera minoría».

Los tironeos jurídicos por las impugnaciones de JxC contra Doñate y del FdT contra Reyes continuarán posiblemente hasta la Corte, pero al mismo tiempo el oficialismo explorará la posibilidad de continuar en Diputados con el trámite del dictamen aprobado en el Senado. En ese proceso hay dos líneas de tiempo. En noviembre deberán ser renovados todos los consejeros del organismo y mientras transcurre ese tiempo, el oficialismo buscará que el Consejo deje de ser presidido por Rosatti. Para lograrlo, no le queda otra que retomar el hilo del Senado y el encargado de anticiparlo fue el senador camporista Mariano Recalde, que habló de abrir la negociación en Diputados para incluir textualmente la presencia de un miembro de la Corte en el Consejo, pero que no lo presida. Según su razonamiento, el oficialismo tiene predisposición para incluir esos cambios para que sea aprobado en Diputados y vuelva en revisión a la Cámara Alta.

Si esa intención se concreta, el FdT buscará sumar el respaldo de aliados esquivos, como el interbloque Federal, que reúne a socialistas, schiarettistas y a los integrantes de Identidad Bonaerense. En esa bancada está la diputada y consejera Graciela Camaño. Considera que para cumplir con el artículo 114 de la Constitución es necesario incorporar a un integrante de la Corte al Consejo, pero sin que lo presida, porque le daría doble voto. Esa ventana podría reabrir el proyecto para sumar respaldos y sortear la negativa de JxC, que está empeñado en mantener la jefatura de la Corte y lleva todos sus recursos judiciales al mismo estrado.

La apuesta no es menor, porque Diputados es el terreno donde ya naufragaron las reformas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Tan delicado es el tema que, mientras se constituye la mayoría de las comisiones para que Diputados retome su agenda legislativa, no se pudo definir el armado de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, las dos que recibirían el giro desde el Senado de la reforma del Consejo. Una de las dos será encabezada por un representante de JxC, pero su nombre todavía se desconoce. Así de árido es el camino judicial, en un contexto donde el Senado lleva dos años sin avanzar en el análisis del pliego del juez federal Daniel Rafecas, postulado por el presidente Alberto Fernández como procurador general de la Nación. Las negociaciones están empantanadas con la oposición y también dentro del FdT. «