El oficialismo en el Senado de la Nación postergó la sesión prevista para este miércoles en la que se iba a tratar en el recinto el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. Con números ajustados, el Frente de Todos buscará negociar modificaciones mañana en un plenario de comisiones.
La reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales será a partir de las 16 en el Salón Azul. La semana pasada, el oficialismo había logrado firmar un dictamen de mayoría que no contó con el acompañamiento de un aliado: Alberto Weretilneck. El rionegrino presentó su propio despacho, que propone una mirada federal.
Para esto establece que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para cuatro regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.
Para aprobar la reforma se requiere una mayoría absoluta de 37 votos: el Frente de Todos cuenta con 35 propios, por lo que necesita el acompañamiento de dos aliados más que podrían ser la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. Esto descontando la postura del interbloque de Juntos por el Cambio que presentó su propio dictamen, en línea con la composición de la ley anterior.
Tal como lo pide el fallo de la Corte Suprema -que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso- volver a 20 integrantes y que el presidente del Máximo Tribunal presida el Consejo.
La iniciativa de reforma que envió el Poder Ejecutivo amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. Suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberá ser ocupado por mujeres.
Por el contrario, la oposición propone retomar la composición previa a la reforma del año 2006. Era con un miembro de la Corte, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (cuatro por cámara: dos por el oficialismo; uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.
El martes pasado, el Ministro de Justicia Martín Soria defendió ante las comisiones el proyecto del gobierno y criticó al máximo Tribunal de Justicia: “El fallo de la Corte Suprema obliga a legislar. Es una extorsión sin precedentes de la historia de nuestro país. Este fallo pone en jaque la división de poderes. Es un acto político extorsivo. Porque la Corte -lo dije cuando emitieron el fallo- estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días, faltan menos de cuatro semanas para que se paralice el Consejo de la Magistratura”.
Y agregó: “La Corte nos extorsiona hasta tanto se adapte el Consejo. El 70% de los magistrados que están en funciones fueron designados por el Consejo que declararon inconstitucional. El Congreso debería rechazar y repudiar de plano la intromisión de la Corte ya que tiene vedado legislar”.
Ante los senadores, Soria citó la disidencia parcial del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti cuando votó en diciembre, al advertir que “una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia” y que una decisión de ese tipo “contradice los principios básicos del derecho”.
