Río revuelto en el Congreso tras el pedido de condena de 12 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad y las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Diego Luciani, al compararlo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Juntos por el Cambio reforzó el pedido de juicio político contra el mandatario nacional y peligra la convocatoria a sesión para tratar proyectos fiscales. 

Desde el comienzo de la semana, los pasillos parlamentarios estuvieron envueltos por la situación judicial que atraviesa la titular del Senado. Voces a favor y en contra se colaron en redes sociales, comisiones y distintas entrevistas.

Este jueves, todos los integrantes de los bloques que conforman Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa para presentar de forma pública un pedido de resolución que promueve un juicio político contra el mandatario nacional “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones», de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. 

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

En ese marco, el titular del bloque radical, Mario Negri, señaló que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y agregó que son “más propias de un código mafioso que de un presidente”. Asimismo, denunció que “el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”. 

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica Juan Manuel López, expresó: «El presidente tiene que aceptar la decisión de la Justicia». Ante la posibilidad de un indulto presidencial a Cristina Fernández aclaró que “los delitos de corrupción no se pueden indultar y que la sociedad no soporta más impunidad”. 

Por su parte, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político”, pero aclaró: “Creemos que el presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”. En ese sentido, mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo: “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, detalló. 

No es la primera vez que la oposición denuncia a Fernández. Ya en 2021 el presidente fue denunciado ante la Comisión de Juicio Político del Congreso luego de las fotos en la Quinta de Olivos durante el confinamiento. Por lo general este pedido no prospera. De hecho, los últimos funcionarios destituidos por esta vía fueron los ex jueces de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. 

La sesión del 31 de agosto, un posible campo de batalla

Esta semana se reunieron varias comisiones en la Cámara Baja que ahora comanda Cecilia Moreau. Desde el oficialismo se estaba trabajando para llevar adelante una convocatoria a sesión para el próximo miércoles para aprobar proyectos que lograron ser dictaminados en estos días.  

Algunos son la prórroga de un paquete de impuestos que comprende Ganancias, Bienes Personales, los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa. También, se espera avanzar en la ratificación del Consenso Fiscal 2022 que las provincias firmaron con la Nación.  

Sin embargo, varios legisladores del Frente de Todos piensan que la convocatoria se puede llegar a convertir en un campo de batalla contaminado por lo que está sucediendo en el país con la situación política, judicial, económica y social. 

De hecho, hay un pedido de expulsión de la Cámara para el diputado neuquino Francisco Sánchez, quien ante el pedido de condena del fiscal Luciani a la vice presidenta expresó a través de su cuenta de Twitter que esa cantidad por “robar impunemente es casi nada”, y opinó que “merece la pena de muerte” todo aquel que traicione a la Patria.