La intervención de la Corte en el caso de los tres magistrados que el macrismo había trasladado por decreto y que el gobierno intentó devolver a sus tribunales originarios, y el dictamen favorable a aquella decisión emitido anoche por el procurador general Eduardo Casal volvieron a poner sobre la mesa la judicialización de las decisiones de Estado. ¿Es correcto que el máximo tribunal tenga la última palabra en cuestiones que debe resolver la política? ¿Es la Justicia rehén de la cuota de poder que decidió otorgarse un sector del Poder Judicial para dirimir las tensiones naturales de los otros dos poderes?

Si bien aún la Corte no se expidió sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en el gobierno se encendieron las alarmas por el arbitraje del máximo tribunal en un caso que tenía fallos de instancias previas, una ley del Congreso y un decreto presidencial. No será el único caso de relevancia pública que los cinco cortesanos tengan en sus manos. También deberán expedirse en el futuro, entre otras cosas, sobre la poda en la coparticipación que la Ciudad recibe de Nación, judicializada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Como publicó Tiempo, la Justicia transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Según una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, menos de uno de cada diez argentinos tiene una imagen positiva del Poder Judicial. La percepción es incluso peor que la del Fondo Monetario Internacional, de los partidos políticos y de los sindicatos.

La decisión de la Corte de tratar el pedido de los jueces y otorgarles una licencia en sus cargos desató un terremoto político. “Podemos enfrentar una situación de conflicto de poderes y de obediencia a la supremacía de la Constitución que establece una condena a la usurpación del Estado, pero también hay conflicto cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para intervenir en los otros poderes”, le dijo a Tiempo el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La judicialización de las cuestiones de gobierno no es una novedad nacional sino un fenómeno mundial en el que además interviene un sector de los medios de comunicación. “En el gobierno de Cristina (Kirchner)  hasta las cuestiones relacionadas con el dólar las metían en tribunales. Con el macrismo pasó lo mismo y cuando algo no te gusta decís que es inconstitucional, pero hay que diferenciar qué es materia judicial y qué no”, señaló Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital.

Barcesat explicó que en los países anglosajones el derecho “es aquello que los jueces dicen en la sentencia y todo lo demás son ideas aproximadas. Pero esa visión del common law es completamente ajena a nuestra organización jurídica. Es como si pasara una topadora institucional sobre nuestra Constitución y se pusiera en el pináculo del derecho lo que los jueces resuelven en los casos complejos”, comparó.

Para el jurista Roberto Carlés, el máximo tribunal “quemó la biblioteca” al aceptar el recurso de per saltum planteado por los jueces. “No se entiende por qué la Corte avala el salto de instancias. La situación que reviste gravedad institucional es que jueces designados a dedo en contra del procedimiento constitucional conservaran sus cargos, no su devolución a los tribunales de origen”, aseguró en el programa Marca de radio.

“La Corte les da un recurso a tres quejosos rebeldes de las instituciones democráticas. Parece que plantearan ‘acá está la Corte, no importa lo que digan el Senado, el presidente, el Consejo y la Cámara Federal’”, cuestionó Barcesat. “Se reservan la última palabra, pero la única resolución compatible es que acepten lo hecho por las instituciones democráticas. Puede haber un grave conflicto de poderes si los dejan donde fueron trasladados. La Corte perpetraría un acto de violencia institucional”, sostuvo.

“Hay cosas que tiene que dirimir por sí misma la política. Parece que estamos en un momento en que los acuerdos son imposibles porque las discusiones son dogmáticas”, comentó Rizzo. “Pasó con la Reforma Judicial: había medio país a favor y en contra y todavía no había salido el texto. Mucha gente está a favor o en contra, de acuerdo a de dónde viene la normativa”, opinó.

Con respecto a la intervención de la Corte, ejemplificó con el caso de las sesiones virtuales que había plantado ante el tribunal Cristina Fernández como presidenta del Senado. “Con lo que sea político tiene que hacer lo que hizo con el pedido de Cristina Kirchner (cuando presentó una acción declarativa de certeza) por las sesiones remotas. Si no hay cuestiones judiciales, en lo demás no tiene por qué meterse. Viene de muchos años esto, pero está cada vez peor”, aseguró Rizzo.

Jorge “Topo” Devoto, un dirigente cercano a Néstor Kirchner, publicará un libro con testimonios sobre los primeros tiempos del kirchnerismo en el gobierno. Uno de los entrevistados es Alberto Fernández, que eligió los “momentos decisivos” de esa época. En ese texto, anticipado por el portal Infobae, el presidente se refirió al juicio político a los miembros de la “mayoría automática” menemista como una de las decisiones centrales del gobierno de su amigo santacruceño. Fue a partir de la amenaza que en los primeros meses de gestión le habían deslizado algunos cortesanos sobre “volver a dolarizar la economía” tras la devaluación.

“Nosotros tenemos que avanzar, ¿cómo van a hacer esto? Con esa amenaza no nos quieren dejar gobernar, son terribles”, se ofuscó Kirchner poco antes de reclamar al Congreso el juicio político de los magistrados.

Este sábado, una presentación realizada por la diputada Vanesa Siley el 25 de septiembre –es decir, antes de la aceptación del per saltum– para iniciar el juicio político al titular de la Corte Carlos Rosenkrantz, por la ratificación de fallo del 2×1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, fue leída en esa misma línea desde la oposición y algunos medios que, ignorando la fecha del planteo, la presentaron como una represalia del Frente de Todos al máximo tribunal.