Como había anunciado frente a la Asamblea Legislativa durante su asunción, Alberto Fernández intervino por decreto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por un plazo de 180 días, y puso a cargo del organismo a la fiscal nacional Cristina Caamaño. El presidente junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunieron con Caamaño el viernes por la noche en su despacho de Casa de Gobierno y ya el sábado su nombramiento se oficializó en el Boletín Oficial.

Luego de terminado el encuentro en la Casa Rosada, Cafiero explicó a los periodistas acreditados que “se va a llamar a todo el personal para conocer las tareas que están cumpliendo. Si no cumplen una función que la intervención considere adecuadas, se va a redefinir una nueva tarea. Y si había gastos reservados que no son consecuentes con esa línea irán, como anunció el presidente, al plan de lucha contra el hambre”, explicó.

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El jefe de Gabinete explicó que “se volverán atrás reformas que se habían dispuesto durante la administración Macri, por ejemplo aspectos relacionados con los fondos reservados, que ahora serán transparentados”. Y adelantó que lo primero que va a hacer la intervención es normalizar. “Por eso se da un plazo de 180 días, para después definir cuál es el plan estratégico de inteligencia”.

“Lo primero es tomar control sobre el área y hacer una planificación de tareas que tengan que ver con un régimen democrático”, definió el jefe de gabinete.

Luego amplió que en el plazo de 180 días, la titular de la ex Side debe preparar una propuesta estratégica para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional, de modo que “garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional”.

El decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial cuestiona el “notorio retroceso institucional” que hubo en ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri, utilizando al organismo “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.




La fiscal Caamaño es una abogada graduada en la UBA con un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca y presidenta de la asociación Justicia Legítima. Una de las causas más sonadas en las que participó fue la investigación por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra. Caamaño no sólo llevó a juicio a los autores materiales sino que también logró demostrar que el secretario general del gremio, José Pedraza, fue el autor intelectual crimen. También estuvo al frente del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, es decir, de las escuchas telefónicas en 2015.

Justamente esta área, durante la gestión de Mauricio Macri, cobró notoriedad por la constante filtración de llamadas privadas de políticos opositores, como Cristina Kirchner, a los medios de comunicación y sin pedidos del Poder Judicial. La relación de la AFI con los jueces de Comodoro Py es otra de las aristas escandalosas que deberá poner en orden Caamaño.