El proyecto del Salario Básico Universal que presentaron diputadas y diputados del Frente de Todos no tiene antecedentes en otros países sino experiencias focalizadas en algunas regiones. Se trata de una contraprestación para personas desocupadas y ocupadas pero de bajos ingresos por un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria. El proyecto prevé llegar a 9 millones de personas, pero lo que instala es el debate sobre cómo financiarlo. Tiempo Argentino habló con impulsores de la medida y economistas para conocer la viabilidad y el impacto económico que puede tener.

La propuesta, impulsada por las y los legisladores del Frente Patria Grande, que tiene como referente nacional a Juan Grabois, define como objetivo a personas de entre 18 y 64 años que estén desocupadas, que sean monotributistas y asalariadas de bajos recursos. El diputado y economista Itai Hagman considera que se necesitará un punto del PBI para abarcar a la totalidad de las personas que están en esa situación. “El costo fiscal es de aproximadamente un 2,1% del PBI, pero el costo neto financiero es menor porque hay algunos programas sociales que el Estado ya tiene y que podrían estar subsumidos en esta política. Con lo cual, el costo fiscal que habría que agregar es un punto del PBI. Si tomamos el de 2021, son 400 mil millones de pesos; es un número importante pero es posible. Lo que hay que discutir es cómo se financia”, le dijo a este medio.

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Para lograr esa financiación plantean alternativas tributarias y de readecuación de gastos. Por un lado, conseguir dinero a través de impuestos más progresivos y, por otro, reorientando el gasto público. “Por ejemplo, con el ahorro que vas a hacer con subsidios a la energía, podrías usar una parte. No vas agregando gasto nuevo, sino vas reorientando el gasto público. Por último, si no se pudiera conseguir con financiamiento, lo que se puede hacer es comenzar con un universo más chico para que el costo fiscal sea menor, e ir ampliándolo en la medida en que te den los recursos. No es que la única manera es pasar de cero a 9 millones de un día para el otro”, agregó Hagman.

El economista e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Ricardo Aronskind, considera que el proyecto es viable, pero que es necesario mejorar la recaudación tributaria para fortalecer los fondos disponibles. “Hay que recaudar mejor los impuestos que ya están, hay mucha evasión impositiva que no se logra terminar de combatir que son 2 o 3 puntos del PBI, con lo cual ya contás con una masa de recursos permanente”, afirmó.

Aronskind también destaca el impacto positivo que la medida tendría en la economía general a través del dinero que vuelve por el consumo. “Hay un efecto muy beneficioso y es que garantiza un piso de consumo permanente que le hace muy bien a la economía porque la estabiliza. No es gente que fluctúa en sus ingresos, sino que tiene garantizado un ingreso. Es bueno porque le da un piso más estable de funcionamiento dado el tipo de consumo que tienen estos beneficiarios: es un efecto democratizador porque no van a consumir en autos de lujo o viajes al exterior sino que potencia mucho el mercado interno y el pequeño comercio. Absorbe mucha gente en el tejido productivo que va a actividades con pequeñas y medianas empresas”, detalló.

El economista y docente de las universidades de Buenos Aires y de Avellaneda, Sergio Chouza, considera que el efecto fiscal no sería significativo. “No sería una cifra monumentalmente superior a la que actualmente se destina a cobertura social. Estaríamos hablando del doble del Potenciar Trabajo, pero si esto viene a reemplazar otro tipo de programas de transferencia de ingresos, alguno de provincias o municipios, ya estarías con un efecto fiscal equivalente. Además, tenés una recaudación excedente, potencial, como producto del vuelco a mayor consumo y, en una segunda ronda, mayor producción en empresas pymes. Eso redunda en mayor recaudación para el Estado”, analizó.

Chouza descarta que el Salario Básico Universal atente contra el empleo. “No va a ser un desincentivo al empleo o el trabajo en estos sectores sino que va a dar un plafón de contención social que va a romper esta lógica perniciosa de los planes sociales intermediados. Posiblemente, lo que termine pasando es que como la transferencia de recursos sea más significativa, esto potencie y le dé un impulso extra a la actividad económica para que no se ralentice el consumo interno, que es el riesgo cuando se van apagando los motores de la recuperación económica inicial”, dijo.

No hay antecedentes de países que hayan implementado este tipo de cobertura universal, lo que existen son experiencias focalizadas en algunas regiones de Europa y Canadá. “Hay algunos experimentos, el ingreso universal es una especie de utopía que cada vez se piensa más porque lo que pasa en Argentina, que el mercado privado no termina de absorber a toda la población, se reitera en muchas partes del mundo. Hay mucha precarización laboral en todo el mundo, pero hay pocos sistemas puestos en marcha”, afirmó Aronskind.

La tensión del mercado laboral a través de la inclusión de las nuevas tecnologías es una situación global que se conjuga con la concentración en pocas empresas. Hagman considera que frente a la falta de respuesta de los privados, es necesaria la incorporación del Estado para garantizar un piso que permita eliminar la indigencia y ayude al proceso de recuperación de la actividad económica, haciéndolo sostenible en los próximos años.

Además de las nuevas tecnologías, Aronskind incluye también el dinero evadido. “Hay tendencias tecnológicas que dejan de lado a mucha gente, pero en el caso nuestro hay un problema muy específico porque hay argentinos que tiene en el exterior 800 mil millones de dólares que, si estuvieran invertidos en Argentina, no tendríamos problemas de desempleo. El sector privado funciona muy mal y no da respuestas sociales, entonces las da el Estado o no hay respuesta”, afirmó.  «